Ley de Glaciares: agua potable, explotación de recursos y empleo en el debate del Congreso

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Este miércoles se llevó adelante, en el anexo de la Cámara de Diputados la primera audiencia pública para la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno de Javier Milei, con el objetivo de habilitar la explotación minera en zonas previamente vetadas por la ley vigente. El proceso de audiencuas fue cuestionado desde su inicio y el debate del día, que apenas permitió que se exprese el 0,3 por ciento de los miles de inscriptos (en su absoluta mayoría opositores a la reforma) confirmó las sospechas de manipulación. En ese marco, la oposición presentó una impugnación formal firmada por legisladores de distintos bloques, denunciando que el esquema de participación viola la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

La reforma, que ya obtuvo media sanción en febrero en el Senado con 41 votos a favor, elimina la prohibición expresa de actividades mineras en el ambiente periglacial y delega en cada provincia la decisión sobre qué glaciares merecen protección, sustituyendo el criterio científico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) por un criterio político provincial, probablemente más atento a los beneficios de corto plazo que a la protección integral del ambiente, con potenciales consecuencias gravísimas para el futuro cercano.

El argumento oficial para justificar la reforma es la generación de empleo y la atracción de inversiones. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros proyecta que la apertura de nuevas zonas al extractivismo podría crear entre 180.000 y 200.000 puestos de trabajo y atraer hasta 33.000 millones de dólares en inversiones hacia 2032 (en la apertura de sesiones del Parlamento de este año, Milei llevó la cifra hasta un millón). Sin embargo, la experiencia concreta de la megaminería en Argentina contradice ese optimismo. El antecedente de Bajo La Alumbrera —citado durante la audiencia— confirma la perspectiva más probable: las empresas extraen el mineral en bruto, lo exportan sin procesarlo y, cuando el yacimiento deja de ser rentable, abandonan el territorio con pasivos ambientales severos y trabajadores desocupados. La actividad minera es además intensiva en capital y escasa en mano de obra local, y compite por el agua con actividades que generan empleo sostenido en el tiempo, como la agricultura, la ganadería y el turismo regional.

Es precisamente ese punto el que más preocupa a las comunidades y organizaciones que se movilizaron frente al Congreso durante la audiencia. Más del 36 por ciento de la superficie continental argentina depende de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar. Los glaciares no son solo reservas de agua para el consumo humano: son la base hídrica sobre la que se asientan economías regionales enteras. La destrucción o degradación de esa fuente no es un daño abstracto ni futuro: es una amenaza directa sobre los trabajos de las comunidades agrícolas y criadoras que producen aguas abajo, sobre los sistemas de riego que sostienen la producción frutihortícola y vitivinícola de provincias como Mendoza, San Juan y Neuquén, y sobre el acceso al agua potable de poblaciones que en algunos casos ya sufren restricciones severas.