Córdoba: Presentan un proyecto para transparentar el ingreso a la Administración Pública

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La legisladora provincial Brenda Austin (UCR) presentó un proyecto de ley para transparentar el ingreso a la administración pública por vía de concursos y los sistemas contemplados en convenios colectivos de trabajo y limitar el uso de contrataciones precarias en el ámbito del Estado (becas, pasantías, contratos, etc.). A la vez, la iniciativa busca contribuir a la sostenibilidad económico-financiera de la Caja de Jubilaciones provincial por vía de la formalización laboral, ya que aproximadamente un cuarto de la planta de trabajadores del Estado desarrolla sus tareas bajo alguna de las formas de precarización.

Seguridad

El proyecto de Austin tiene el acompañamiento de otros diez legisladores de la bancada de la UCR y fue elaborado a partir del impulso de referentes y delegados de distintos gremios (Luz y Fuerza, municipales, judiciales) y la adhesión del Foro Solidario Córdoba, “preocupados por la crítica situación de la Caja de Jubilaciones y el incremento de contrataciones de personal en condiciones de precariedad que agravan el problema”.

El texto propone suspender por el término de dos (2) años, con posibilidad de prórroga por igual período, las nuevas contrataciones bajo modalidades precarias, como contratos de locación de servicios, contratos por tiempo determinado, becas y pasantías, salvo aquellas vinculadas estrictamente a fines educativos.

Córdoba

A su vez, establece que mientras dure esta suspensión, el ingreso a planta permanente sólo podrá realizarse mediante concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición, conforme a lo previsto por la Ley Provincial N° 7.233 y la Ley N° 9.361 y mediante otros mecanismos establecidos en marcos jurídicos convencionales.

El texto también prohíbe expresamente la utilización de figuras no contributivas para cubrir funciones permanentes dentro de la administración pública provincial.

Epec

Los ejes del proyecto son garantizar el acceso al empleo público mediante concursos abiertos, transparentes y con criterios de idoneidad y también mediante mecanismos de ingresos establecidos en convenios colectivos de trabajo vigentes y a través de la formalización laboral, dotar de sustentabilidad al sistema previsional provincial. La iniciativa explica que “el Sistema de Seguridad Social de nuestra provincia se basa en un modelo de solidaridad intergeneracional. Para que este sea sostenible, es necesario mantener una relación saludable entre aportantes activos y beneficiarios pasivos”.

Personal

Detalla que “en la última década, se ha observado un fenómeno de ‘huida del derecho administrativo laboral’ a partir del uso excesivo de figuras como becas, pasantías y contratos de locación de servicios” y asegura que “la incorporación de empleados a través de tales figuras produce un doble efecto económico: si bien reduce el costo operativo inmediato del Estado, genera un daño irreparable a largo plazo dado que no aportan al sistema jubilatorio provincial, o lo hacen de manera parcial e insuficiente”.

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En ese sentido, puntualiza que “según los datos del listado de agentes del Poder Ejecutivo publicados en el portal de Gestión Abierta de la provincia (2025), la planta de empleados asciende a 112.454 agentes, de los cuales el 23,2 por ciento son trabajadores transitorios, incluyendo personal contratado y planta política. Este porcentaje revela la magnitud del problema que la presente iniciativa busca resolver”.

En sus fundamentos, Austin apunta que “la suspensión por dos años de contrataciones bajo modalidades precarias busca asegurar una transición ordenada hacia un modelo de empleo formal. Es un plazo prudencial para que el Poder Ejecutivo reorganice sus partidas presupuestarias, priorizando la inversión en salarios con aportes por sobre el gasto en contratos sin protección social”.

Señala también que “la excepción prevista en el artículo 6° —que protege la renovación de contratos vigentes al momento de la sanción— resguarda los derechos de los actuales trabajadores contratados, evitando consecuencias de desempleo inmediato, al tiempo que impide la generación de nuevas situaciones de precariedad”.

Y concluye que “esta ley es un acto de responsabilidad fiscal para con los trabajadores y los jubilados actuales, quienes dependen de la robustez de la Caja de Jubilaciones”.