Radio Mitre 16-01-2026 El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan de privatización de empresas públicas y se dispone a iniciar en el corto plazo el proceso formal para la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La compañía, que presta servicios de agua potable y saneamiento a más de 11 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, fue incluida entre las empresas habilitadas para su privatización por la Ley Bases.

Según confirmaron fuentes cercanas al Ejecutivo, el pliego de privatización ya se encuentra en su etapa final y podría publicarse en el Boletín Oficial antes de que termine el primer trimestre del año, con versiones que incluso ubican ese paso durante febrero. AySA está actualmente presidida por el ingeniero Alejo Maxit y su traspaso al sector privado forma parte de la estrategia oficial para reducir el tamaño del Estado y atraer inversiones.

El marco legal quedó establecido en julio del año pasado con la publicación del Decreto 494/2025, que autorizó la venta del 90 por ciento de las acciones en manos del Estado nacional. El 10 por ciento restante continuará bajo el régimen de propiedad participada destinado a los trabajadores de la empresa.
Cómo será la venta y qué controles tendrá el nuevo operador de AySa

Desde el Oficialismo detallaron que la licitación buscará vender al menos el 51 por ciento del paquete accionario a un operador estratégico que asuma el control operativo de AySA. El resto de las acciones, en caso de no colocarse en su totalidad, se ofrecerá en el mercado a través de un esquema de free float. El proceso estará supervisado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), encabezada por Diego Chaher, junto con la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

Los futuros concesionarios quedarán bajo la órbita de control del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), organismos responsables de fiscalizar tarifas, calidad del servicio, inversiones y planes de expansión.

En paralelo, el Gobierno aprobó un Plan de Acción de Transición 2024–2026 para preparar a la empresa para la privatización, que incluye inversiones estatales por $753.900 millones y un esquema de recomposición tarifaria superior al de la gestión anterior.