0264 Noticias 20-03-2026 Este jueves, se conocieron los resultado del primer informe técnico sobre la calidad de los caños utilizados para el Acueducto Gran Tulum, una de las obras hídricas más importantes de la provincia. Según las conclusiones preliminares del informe elaborado por la Consultora Interacción las cañerías no serían aptas para transportar agua potable.

El estudio fue encargado por OSSE y realizado por Interacción, que además contó con certificación de la firma internacional Bureau Veritas. Dicho informe se conoció este jueves a través de una publicación del diario Tiempo de San Juan. El resultado señala que los tubos analizados corresponderían a usos cloacales y de desagüe, no a sistemas de agua para consumo humano.

Los especialistas señalaron que este tipo de materiales no está diseñado para soportar presión, una condición indispensable en redes de agua potable. Además, advirtieron que podrían liberar partículas perjudiciales que podrian ser tóxicas, lo que implicaría un potencial riesgo sanitario.

La obra había sido pensada como un proyecto estratégico durante la gestión del ex gobiernador Sergio Uñac, para abastecer a una población en crecimiento, con proyección a cubrir la demanda de alrededor de un millón de habitantes. Para su ejecución se recurrió a financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, que actualmente ya comenzó a ser devuelto por la provincia.

En paralelo, el tema también avanzó en el ámbito judicial, con una investigación que actualmente encara la UFI Delitos Especiales. A fines de 2025 se presentó una denuncia que apunta a posibles irregularidades en la licitación, el uso de fondos y la calidad de los insumos utilizados en la construcción, señalando directamente a la gestión del ex gobernador Uñac por efectuar las compras de eso material y a la empresa a la KRAH, que aportó los caños y que era propiedad del fallecido empresario Gustavo Monti, primo del ex mandatario provincial.

Con el correr de los meses, el caso fue tomando mayor relevancia institucional. Incluso, en febrero pasado el Estado provincial decidió constituirse como querellante en la causa.

Antes de que el conflicto se hiciera público, ya se habían iniciado evaluaciones internas para determinar cómo continuar con la obra ante las dudas técnicas. En ese marco, se conformaron equipos específicos para revisar documentación y analizar el estado de los materiales instalados.

Como parte de ese proceso, también se realizó una auditoría técnica más profunda. Se tomaron muestras de distintos tramos del acueducto y se enviaron a laboratorio para su evaluación, lo que derivó en el informe que ahora genera polémica.

Los resultados indican que las cañerías no cumplen con los estándares necesarios para transportar agua potable. Por el contrario, están diseñadas para sistemas de baja exigencia, como desagües pluviales o cloacales, lo que refuerza la preocupación por su utilización en esta obra.

La investigación judicial, que se desató a raíz de la denuncia del abogado y líder del GEN, Marcelo Arancibia, continúa avanzando con la recopilación de pruebas. Se han enviado numerosos documentos a la Fiscalía y se realizaron inspecciones en distintos sectores del trazado para verificar tanto la instalación como el estado de los caños.

Ante este escenario, se decidió convocar a al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para que realice un nuevo análisis independiente. Si este segundo estudio confirma las conclusiones iniciales, podría ser necesario retirar las cañerías, lo que implicaría un fuerte impacto económico y la paralización del proyecto.