Nuevo Diario 12-06-2026 La Provincia de Salta implementó un nuevo régimen de control para los residuos sólidos urbanos vinculados a la actividad minera. La medida establece la creación de registros obligatorios para empresas y operadores que intervienen en la gestión de desechos generados en instalaciones y campamentos ubicados dentro de concesiones mineras.

La disposición se formalizó en el Boletín Oficial, y surgió de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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El objetivo principal de la normativa es garantizar la trazabilidad de los residuos desde el momento en que son generados hasta su tratamiento y disposición final, fortaleciendo los mecanismos de control ambiental en uno de los sectores productivos de mayor crecimiento en la provincia.

La resolución crea dos registros específicos. Uno estará destinado a los generadores de residuos asociados a emprendimientos mineros, mientras que el segundo incluirá a los operadores encargados del transporte, tratamiento, recuperación y disposición final de los desechos. La inscripción será obligatoria para todos los sujetos alcanzados por la medida.

Además, las empresas deberán elaborar y presentar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. En ese documento tendrán que detallar los procedimientos de separación en origen, recolección diferenciada, transporte, recuperación de materiales reciclables, disposición final, capacitación del personal y sistemas de identificación y señalización de contenedores.
Otros puntos de la normativa

La normativa también incorpora restricciones específicas para el almacenamiento temporal de residuos en campamentos mineros. En el caso de los materiales reciclables, no podrán permanecer acumulados por más de siete días ni superar un volumen de 30 metros cúbicos. Para los residuos no reciclables, el límite será de cinco días o un máximo de 20 metros cúbicos.

Por otra parte, los operadores deberán emitir certificados mensuales que acrediten el tratamiento realizado sobre los residuos gestionados. Asimismo, estarán obligados a presentar informes semestrales tanto a las empresas mineras como a la Secretaría de Ambiente.

El régimen prevé un plazo de 90 días para que las compañías y operadores se adecuen a las nuevas exigencias. Una vez vencido ese período, deberán contar con registros verificables que permitan a las autoridades controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca reforzar la gestión ambiental de los residuos urbanos generados por la actividad minera y mejorar los mecanismos de seguimiento sobre su tratamiento y disposición final.