Tras analizar los antecedentes técnicos y económicos y las garantías que habían presentado en la primera semana de noviembre, la administración de Javier Milei decidió precalificar a 8 de los 9 oferentes que buscan quedarse con la reprivatización de las usinas hidroeléctricas del Comahue.

La primera licitación relevante en materia energética de la gestión libertaria se dirimirá entre los actuales concesionarios privados de centrales El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila y otros cuatro competidores del sector energético que apuestan por extender sus negocios en el área de generación.
Pampa Energía y Aluar, entre las 9 empresas que pelean por el negocio de las hidroeléctricas

La lista de los grupos que pasaron a la instancia decisiva de apertura de las ofertas económicas quedó integrada por:

ENEL: El grupo italiano es el principal accionista de la concesionaria de El Chocón y dueño mayoritario de la controlante de Edesur. En la Argentina también participa en las transportistas eléctricas CTM, TESA y Yacylec.
AES. La firma estadounidense controla Alicurá y opera, además, las usinas Cabra Corral, El Tunal, Termoandes, Ullum, Sarmiento, Paraná y San Nicolás, además de los parques eólicos Vientos Bonaerenses y Vientos Neuquinos.
Central Puerto: Maneja Piedra del Águila y tiene como accionistas a Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany. Aunque Nicky Caputo declaró haberse desvinculado, en el sector energético aún se lo menciona como actor de peso en la sombra.
BML Inversora: pertenece al grupo MSU que comanda el empresario Manuel Santos Uribelarrea, que desde el sector agropecuario saltó en la última década a los negocios de energía eléctrica. Hace cuatro meses adquirió la sociedad controlante de la represa Cerros Coloradas a la empresa Aconcagua Energía.
Edison Energía: El grupo local encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, con vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo, irrumpió este año con la compra de las distribuidoras de Tucumán y Jujuy, la transportista Litsa y la hidroeléctrica Cempsa (Potrerillos). Entre sus accionistas figuran Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai y Carlos Giovanelli.
Pampa Energía: Conducida por Marcelo Mindlin, es la compañía energética integrada más grande del país, con fuerte presencia en generación y transporte eléctrico.
Aluar: El grupo Madanes Quintanilla, único productor local de aluminio primario y uno de los mayores de Sudamérica, participa asociado con Genneia, líder en energía renovable controlada por fondos internacionales y directivos del grupo Brito. Aluar ya opera la central de Futaleufú y participa en la transportista Transpa.
Central Costanera: Propiedad de Central Puerto desde 2023, es una de las principales generadoras térmicas del país, con una capacidad instalada de 1.789 MW (4 por ciento del total nacional).

La única oferta que fue bochada corresponde a la sociedad inversora IPS Renewal, del grupo IPS Energy de Guatemala, que integran los empresarios de esa nacionalidad, Iker Echeverría Lucchese, Catarina Pinula y Francisco Quiñonez Midence.

El rechazo se sustentó, básicamente, en dos motivos: inconsistencias y falta de reconocimiento de las garantías y avales bancarios e incumplimiento de la potencia mínima exigida a la empresa operadora de las centrales.

Según el pliego licitatorio, la operadora técnica debía acreditar el manejo de una potencia mínima de usinas hidroeléctricas de 100 MW. La empresa Holdec Inversora (que IPS Renewal presentó como operadora) no alcanzó ese nivel debido a ninguna de las tres centrales que puso como antecedentes—Las Maderas, Río Hondo y Tucumán—llega a cubrir ese requisito.

Para la licitación se conformaron cuatro sociedades anónimas, una por cada represa, con el fin de facilitar la transferencia directa de las acciones y los contratos de operación por un plazo de 30 años.
Privatización: las condiciones que impone el Gobierno a las empresas

Los pliegos de bases y condiciones establecieron que los oferentes deben acreditar activos superiores a u$s 300 millones y un patrimonio neto no menor a u$s 150 millones.

El proceso excluyó expresamente a entes o compañías estatales, tanto locales como extranjeras, y tampoco contempló la implementación de programa de propiedad participada (PPP) que permita a los trabajadores acceder a una porción minoritaria de acciones.

La apertura de los sobres 2 con las sumas en dólares que ofrecen pagar los competidores por cada usina se concretaría en la última semana de noviembre.

Si la diferencia entre la primera y segunda oferta de una central no supera el 10 por ciento, se llamará a los contendientes a una mejora de ofertas para ver quién resulta ganador.

Según las estimaciones previas que había deslizado el ministro de Economía, Luis Caputo, la subasta de las cuatro hidroeléctricas podría reportarle al Tesoro un ingreso que oscilaría entre u$s 500 y u$s 700 millones.
Inversiones y nuevos recargos tarifarios

Durante los dos primeros años, los nuevos concesionarios deberán destinar el 95 por ciento de la energía generada a las distribuidoras eléctricas, a un precio fijo en dólares; mientras que el 5 por ciento restante lo podrán vender de manera directa a los grandes usuarios o al mercado mayorista. A partir de tercer año, el porcentaje de venta regulada se reducirá de manera progresiva hasta quedar eliminado en 2046.

Los futuros operadores deberán hacer las inversiones necesarias para mantener en funcionamiento las centrales durante las tres décadas que durarán las concesiones. Antes de que se cumplan los dos primeros años de operación, tendrán que presentar un plan integral de obras y recambio de equipos que luego ejecutarán a lo largo de la concesión para que las hidroeléctricas estiren su vida útil por otros 30 años más a partir de 2055.

Para conseguir el apoyo de los gobiernos de Neuquén y Río Negro, la administración libertaria incluyó en las nuevas concesiones el pago tres fuentes de ingresos para las cajas provinciales. En primer lugar, habilitó el cobro de un canon por el "uso de agua" equivalente al 2 por ciento de la recaudación de las concesionarias. A esa carga se añadirá otro canon del 2 por ciento destinado a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC). Y en materia de regalías, las autoridades neuquinas y rionegrinas también embolsarán el equivalente al 12 por ciento de las ventas de energía que facturen las usinas.

Además, habrá un nuevo recargo tarifario que afrontaron usuarios de todo el país para una serie de obras en las presas de Arroyito y Portezuelo Grande que un fallo de la Corte Suprema del año 2009 le ordenó realizar al Estado nacional y que hasta ahora no se han concretado.