La cartera energética, que dirige María Tettamanti, está definiendo un esquema de incentivos para que las petroleras puedan optar, de manera voluntaria, por transferir en cabeza de distribuidoras como Metrogas, Naturgy y Camuzzzi los contratos del Plan Gas que hoy tienen firmados con Enarsa, que expiran a fines de 2028.

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La secretaria de Energía, María Tettamanti, se reunió en las últimas tres semanas con directivos de las empresas productoras de gas natural para dar un paso más en la liberación del mercado. La titular de la cartera energética quiere que la empresa estatal Enarsa transfiera a las compañías distribuidoras —Metrogas, Camuzzi, Naturgy y EcoGas, entre otras— los contratos que tiene firmados con las petroleras bajo el paraguas del Plan Gas, que expiran en diciembre de 2028.

La cesión no será compulsiva, sino que Energía trabaja en un esquema de incentivos para que las productoras puedan aceptar de forma voluntaria que Enarsa salga de esos contratos, que representan cerca de un 30 por ciento del volumen de gas comercializado bajo la órbita del Plan Gas. El 70 por ciento restante está en cabeza mayoritariamente de Cammesa, la empresa mixta que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que es controlada por el Ejecutivo y se encarga de la provisión del hidrocarburo para las centrales termoeléctricas, y en menor medida de las propias de las propias distribuidoras.
La secretaria Tettamanti se reunió en las últimas semanas con las petroleras.

La intención ahora es correr a Enarsa para terminar con una parte de la intermediación del Estado con vistas a fomentar la recontractualización directa entre privados. Para eso, la clave es que las petroleras —como YPF, Total Energies, Tecpetrol, Harbour Energy (ex Wintershall Dea), PAE, Pampa y CGC, entre otras— acepten como contraparte a las distribuidoras, que en las últimas décadas enfrentaron recurrentes problemas de caja como consecuencias de los atrasos y congelamientos tarifarios en los que incurrió el Estado, fundamentalmente durante las administraciones kirchneristas.

Cerca de la Secretaría de Energía interpretan que con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), que estableció una fórmula de ajuste automática para actualizar de forma mensual las tarifas residenciales de gas, las distribuidoras tienen espalda financiera para operar como sujetos de crédito y firmar contratos con las petroleras.
Plan Gas: un esquema de salida

La Secretaría de Energía aspira a publicar, en los próximos días, una resolución que especifique la estrategia oficial para conseguir una migración de esos contratos del Plan Gas. Fuentes privadas consultadas por EconoJournal indicaron que entre los incentivos que tienen las petroleras para aceptar un cambio en la contraparte contractual figura, por ejemplo, que Enarsa no es un buen pagador de los volúmenes de gas que compra para luego cederle a las distribuidoras para cubrir la demanda residencial. La empresa estatal, que hoy es presidida por Tristán Socas, un funcionario que llegó al cargo por impulso del asesor presidencial Santiago Caputo, no sólo suele pagar fuera de término las facturas de las petroleras, sino que —a diferencia de Cammesa— tampoco reconoce intereses a los privados cuando abona fuera de plazo.

De hecho, algunas petroleras plantearon a Tettamanti la posibilidad de que el Estado reconozca intereses adeudados desde hace años (incluso desde la gestión de Alberto Fernández) como condición necesaria para que las empresas acepten que Enarsa salga de los contratos de Plan Gas. Sin embargo, la secretaria de Energía descartó de plano esa posibilidad.