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Mientras Néstor Otero observa cómo se complica su negocio en la estación de Once, el Gobierno avanza con otra jugada sobre el mapa de los grandes concesionarios: el Ministerio de Economía inscribió un proceso de iniciativa privada para entregar la Terminal de Ómnibus de Retiro a un nuevo grupo empresario.
La iniciativa fue presentada por un consorcio liderado por Inverlat Investment, la firma vinculada a Havanna (Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai). Completan la postulación Service Trade (grupo Narváez), Inversiones Peirod (Javier Peire y Matías Rodríguez) y BV Investment, una sociedad vinculada a socios del estudio de abogados Carballo. El grupo inversor es liderado en este proyecto por Peire que, además de ser parte de Inversiones Peirod, es parte de la división de nuevos negocios de Narváez. Estos empresarios son los únicos con experiencia en el manejo de un terminal, ya que alguna vez explotaron la de Tucumán.
El Gobierno avanza en la nueva concesión
No obstante, más allá de la decisión aparente del Gobierno de acelerar con una nueva concesión, la polémica se instaló en medio del Ministerio de Economía. El 18 de junio de 2024, se formó el expediente EX2024-63935493, el cual contenía una iniciativa privada bajo el nombre "Obra de remodelación, transformación, puesta en valor, operación y explotación comercial del centro de transporte de ómnibus de pasajeros de Retiro y sus usos anexos". Recién el 5 de noviembre último, la propuesta se anotó en el Registro Nacional de Iniciativas Privadas.
La duda que tienen otros interesados en la explotación es el motivo por el cual el Gobierno eligió el camino de la iniciativa privada, un mecanismo que le entrega una enorme ventaja a quien la presentó. Este tipo de esquemas suele utilizarse para proyectos que hayan requerido un trabajo técnico y, sobre todo, una originalidad respecto de lo que existía.
En ese caso, no hay nada nuevo más que refaccionar lo existente y construir alguna otra instalación reluciente, como por ejemplo la llamada "víbora", una estructura semicircular que rodea el predio actual y que incorpora espacios como jardines y lugares de espera. Todos los proyectos que alguna vez rondaron Retiro van por el mismo camino: poner en valor la estación, construir un hotel y mejorar los servicios. De ahí que una iniciativa privada, entregarle una ventaja en la licitación (tiene un 10 por ciento de preferencia frente a otras presentaciones y la posibilidad de igualar a la ganadora siempre que no supere el 15 por ciento) hace prácticamente imposible competir al resto. Ahí la polémica.
Una fuente del consorcio sostuvo que se trata de "una revalorización y rediseño de un espacio urbano". Ahora, el expediente debe avanzar dentro del Ministerio de Economía para que el Poder Ejecutivo lo declare de interés público y delegue el diseño y la puesta en marcha de la licitación. En ese marco, el proponente contará con las ventajas previstas por la normativa.
La iniciativa, presentada bajo el nombre Terminales del Milenio, plantea una inversión de u$s79 millones destinada a la puesta en valor de la terminal, la construcción de un hotel, un centro de convenciones, edificios de oficinas, un área logística para encomiendas, nuevos locales comerciales y espacios de coworking.
"Propone una reconfiguración funcional y programática que incorpora nuevas actividades y servicios orientados a optimizar el rendimiento operativo, mejorar sustancialmente la experiencia del usuario y fortalecer la inserción urbana del conjunto, buscando reposicionar la Estación de Transporte de Ómnibus de Retiro (ETOR) como un nodo clave dentro del sistema metropolitano y nacional de transporte".
El plazo previsto para las obras es de 60 meses, organizados en períodos de nueve meses de trabajo y tres de suspensión por mayor demanda. Aunque el canon definitivo se definirá en la licitación, se estableció un piso de $100 millones mensuales, con una concesión de 30 años.
El Gobierno también podría desestimar la iniciativa y convocar a una licitación tradicional. Aún resta definir qué restricciones podrían aplicarse a empresas vinculadas al transporte de ómnibus.
Mientras tanto, la terminal muestra un deterioro marcado, especialmente en sus alrededores. Un caso emblemático es la estación de servicio de YPF, hoy cerrada pero cuyo canon se paga todos los meses. Otero continúa cobrando ese alquiler, aunque la petrolera estatal decidió no operar allí porque las instalaciones no cumplen con sus estándares, pero tampoco quiere ceder el lugar a un competidor.
Sucede que la petrolera de mayoría estatal no la quiere tener abierta, ya que la estación de servicio no cumple con los estándares mínimos de las otras bocas de expendio de la firma. Pero, como no quiere perder el espacio a manos de una competidora, prefiere pagarle a Otero el alquiler y esperar que el asunto se defina.
Las objeciones técnicas del expediente
Desde que se presentó la carpeta, hubo observaciones sobre seis aspectos vinculados a la factibilidad técnica y económica. No se especificaron obras, ni servicios operativos, ni detalles de los socios; tampoco evaluaciones sociales, ambientales o técnicas. Las observaciones continuaron por falta de información sobre canon, ingresos, financiamiento y flujo de fondos. Recién este año se incorporaron mayores precisiones.
El proyecto prevé un predio de 89.112 m², con 17.931 m² para locales comerciales, 8213 m² para oficinas, 13.365 m² para coworking y espacios VIP, 28.919 m² para encomiendas con 50 dársenas, más 80 dársenas para ómnibus. El hotel ocuparía 8543 m², el centro de convenciones 1878 m² y el estacionamiento ampliado tendría capacidad para 400 vehículos.
Una concesión que sobrevivió a cinco gobiernos
La terminal es escenario de una de las situaciones administrativas más prolongadas del país. Desde hace casi una década, Otero logró conservar la concesión pese a los intentos de sucesivos gobiernos: Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Macri y Alberto Fernández. El desenlace aún no está definido, pero incluso la gestión de Javier Milei suma ya dos años a esa resistencia. |