La denuncia penal presentada por el abogado y excandidato a gobernador, Marcelo Arancibia, contra el exmandatario Sergio Uñac por supuestas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sigue generando repercusiones.

El foco de la investigación apunta a la empresa Krah América Latina S.A., vinculada a un familiar directo del actual senador peronista. En diálogo con TELESOL, el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, manifestó que el organismo que dirige podría constituirse como querellante en la causa. "Esto es muy reciente, ayer se presentó la denuncia y lo debe analizar el Ministerio Público Fiscal (MPF). Nosotros estamos afinando detalles y, de comprobarse afectación al patrimonio provincial, intervendremos como querellantes", explicó.

Dávila señaló que la investigación está a cargo del fiscal del MPF y que su función será colaborar para que la denuncia avance, aportando informes y solicitando auditorías si es necesario. También se refirió a las declaraciones del ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, sobre pagos realizados por trabajos "inexistentes": "Tendrá sus motivos y confiamos en su manejo de los movimientos de dinero de la provincia. Pero todas las afirmaciones deberán ser acreditadas con medios probatorios", agregó.

Respecto al desarrollo del proceso, el fiscal anticipó que será extenso, dado que probablemente involucrará el análisis de numerosos expedientes administrativos.

La denuncia judicial advierte sobre un posible perjuicio económico millonario para San Juan, vinculado al crédito internacional otorgado por Kuwait por aproximadamente 100 millones de dólares, cuyo pago ya comenzó pese a que la obra no está terminada y las tuberías aparentemente no fueron instaladas. Se sospecha de maniobras con precios inflados y licitaciones presuntamente direccionadas a favor de Krah América Latina S.A., lo que podría constituir delitos como abuso de autoridad y perjuicio al Estado.

El letrado Arancibia alertó que el pedido de informes aprobado por la Legislatura aún no fue respondido, y que se denuncian compras por 50 millones de dólares en caños que no cumplirían su función, con la posibilidad de una operación similar por otros 50 millones. "De confirmarse, estaríamos ante un golpe económico monumental", afirmó.

Además, la denuncia señala vínculos políticos con presuntas negociaciones prohibidas y tráfico de influencias, al mencionarse fotografías que mostrarían relaciones entre ejecutivos de la empresa beneficiada y personas del entorno de Uñac, como Gustavo Monti.