El Gobierno nacional se encamina a poner en marcha el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las empresas habilitadas para ese fin tras la sanción de la Ley Bases. En la Casa Rosada aseguran que el pliego licitatorio está en su etapa final y que su publicación podría concretarse en las próximas semanas.

Fuentes oficiales señalaron que la intención del Ejecutivo es que, durante el primer trimestre del año, se habilite formalmente la competencia entre privados para quedarse con el paquete accionario mayoritario de la empresa, que actualmente presta servicios de agua potable y cloacas a más de 11 millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El marco legal que habilita la operación quedó establecido con el Decreto 494/2025, mediante el cual el Estado nacional autorizó la venta de la totalidad de su participación, equivalente al 90 por ciento del capital social. El 10 por ciento restante continuará bajo el esquema de propiedad participada en manos de los trabajadores.

Según el esquema que analiza el Ejecutivo, la licitación contemplará la transferencia de al menos el 51 por ciento de las acciones a un operador estratégico que asumirá el control operativo de la compañía. El porcentaje no adquirido en esa instancia podrá ser ofrecido posteriormente en el mercado, bajo un mecanismo de flotación abierta.

La operatoria está siendo supervisada por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que avanzan en las evaluaciones técnicas y legales junto a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia. Desde el Gobierno remarcan que podrán participar empresas con experiencia comprobable en servicios públicos, sin restringir la convocatoria exclusivamente al sector de agua y saneamiento.

En paralelo, el Ejecutivo también proyecta avanzar con procesos similares en otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Belgrano Cargas y Logística, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Como paso previo a la privatización, AySA atravesó un plan de transición para el período 2024-2026, que incluyó inversiones estatales, reordenamiento financiero y una actualización del cuadro tarifario. Además, mediante un nuevo marco regulatorio, se redefinieron las condiciones de funcionamiento de la empresa, incluyendo la posibilidad de interrumpir el servicio ante falta de pago, una facultad que antes no estaba vigente.

Una vez concretada la transferencia, el control del servicio quedará en manos del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación, organismos que tendrán a su cargo la supervisión tarifaria, la calidad de las prestaciones y los planes de inversión y expansión.

La privatización de AySA se perfila así como uno de los primeros movimientos concretos del Gobierno en la aplicación del nuevo esquema de reducción del rol estatal en empresas públicas estratégicas.