El bloque Alianza La Libertad Avanza del Honorable Concejo Deliberante de Patagones presentó un pedido de informes dirigido al intendente Ricardo Marino para conocer el estado actual de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, luego de que se reconociera públicamente que se están volcando efluentes al río sin el tratamiento correspondiente.

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Se trata de los mismos concejales que responden al gobierno nacional, responsables de la suspensión de la obra que estaba en marcha al momento de asumir en diciembre de 2023.

La nota fue elevada tras declaraciones radiales en las que se admitió la situación y se indicó que la reactivación integral del sistema demandaría entre 20 y 24 meses.

El planteo se produjo días después de la visita del gobernador Axel Kicillof a Carmen de Patagones, donde anunció que la Provincia destinará más de 11.568 millones de pesos para retomar la construcción de la nueva planta depuradora, una obra que había sido iniciada en 2022 con financiamiento del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

Según se informó oficialmente, el proyecto tenía como objetivo duplicar la capacidad de tratamiento y avanzar hacia un esquema de “vuelco cero”. Sin embargo, los trabajos fueron paralizados a fines de 2023, cuando registraban un 33 por ciento de avance, tras la asunción del presidente Javier Milei y la disolución del organismo nacional que financiaba la obra.

Durante su visita, Kicillof sostuvo que la actual situación de vertido de efluentes es consecuencia de la interrupción de ese proyecto y confirmó que la Provincia asumirá el financiamiento para completar los trabajos.

En ese contexto, los concejales de La Libertad Avanza - espacio político que responde al mismo gobierno nacional que decidió frenar la obra en 2023 - solicitaron precisiones sobre el funcionamiento actual del sistema, el tipo de tratamiento que se realiza, los controles ambientales y las medidas adoptadas para resguardar la salud pública mientras se ejecuta la futura reactivación.

El pedido de informes será tratado en el ámbito legislativo local, en medio de un escenario en el que la discusión por la responsabilidad sobre la paralización de la obra y sus consecuencias ambientales comienza a trasladarse también al plano político.