El tema cobró fuerza en un contexto de incertidumbre entre los trabajadores de la empresa estatal y de preocupación social ante la posibilidad de nuevos aumentos tarifarios. Según relató Ponce, mantuvo una conversación con Cristian García, operario de la cuenca, quien le manifestó el temor a incrementos que podrían rondar el 300 por ciento en las facturas de servicios públicos.

Desde su espacio político, Unión por la Patria, la diputada Agostina Mora Doldán presentó un pedido de informes para conocer si el Ejecutivo provincial evalúa avanzar con una privatización y bajo qué fundamentos. De acuerdo a lo expresado por Ponce, desde el oficialismo se argumentaría que la empresa es deficitaria.

SPSE es una Sociedad del Estado, lo que implica que su capital es 100 por ciento estatal. Por lo tanto, cualquier eventual privatización requeriría una nueva ley aprobada por la Cámara de Diputados.

El debate también se alimenta de las críticas por la calidad de los servicios básicos, especialmente el suministro de agua y los cortes de energía eléctrica, problemáticas que atraviesan distintas localidades de la provincia.
El antecedente de los 90

Ponce recordó que la discusión no es nueva en la Argentina. Durante la década de 1990, la privatización de servicios públicos tuvo impactos diversos: si bien en algunos casos se expandieron redes y se registraron mejoras iniciales, también se produjeron controversias por la volatilidad de tarifas, renegociaciones contractuales tras la crisis de 2001 y posteriores procesos de reestatización. Entre las críticas más recurrentes figuró el mayor peso relativo de los costos para los sectores de menores ingresos.

Reuniones y coordinación política

La diputada indicó que ya mantuvo encuentros con representantes de los trabajadores de Servicios Públicos S.E., aunque todavía no se concretaron reuniones con los sindicatos.

Como parte de las acciones previstas, su bloque impulsa la realización de una reunión virtual para que concejales y diputados del espacio accedan a la misma información y puedan coordinar estrategias tanto en las localidades como en el ámbito legislativo provincial.

Mientras no exista un proyecto formal, la discusión se mueve en el terreno de las versiones. Pero el clima social y laboral demuestra que el tema ya está instalado en la agenda pública.