La Municipalidad de Córdoba sentó su postura frente al episodio que este domingo dejó sin servicio a las líneas del Grupo FAM en el transporte urbano y habló directamente de sabotaje, tal como lo señaló más temprano la propia empresa.

Desde el Palacio 6 de Julio comunicaron que presentaron una denuncia penal ante la Justicia y dieron cuenta de la solicitud para ser querellantes particulares “en su carácter de ofendida penal por los hechos constatados”.

En la misma línea, el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, aseguró que lo ocurrido no fue un problema técnico ni operativo y apuntó a una maniobra intencional que perjudicó a miles de usuarios. “Es un sabotaje directo contra los cordobeses“, manifestó el funcionario.

"Que ‘desaparezcan’ las llaves de los colectivos un domingo a la mañana no es casualidad; es una maniobra extorsiva que deja a miles de vecinos a pie”, agregó.

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Fernández sostuvo que el municipio no permitirá que el transporte público sea utilizado como herramienta de presión. “Desde la Municipalidad de Córdoba no vamos a ser rehenes de intereses oscuros que utilicen el servicio público como moneda de cambio”, expresó.

“El intendente Passerini fue claro: con el transporte de la gente no se juega. La orden es aplicar las sanciones más severas que contempla el marco regulatorio”, advirtió.

El funcionario también cuestionó el contexto en el que ocurrió el conflicto y señaló que el municipio realiza esfuerzos para sostener el sistema de transporte.

Desde la @MuniCba no vamos a ser rehenes de intereses oscuros que utilicen el servicio público como moneda de cambio. El Intendente @PasseriniOk fue claro: con el transporte de la gente no se juega. La orden es aplicar las sanciones más severas que contempla el marco regulatorio
— Rodrigo Fernández (@Dean_Rodrigo) March 8, 2026

“Es insólito que, mientras el municipio hace un esfuerzo enorme por sostener y modernizar el sistema en un contexto nacional asfixiante, aparezcan estos ‘métodos’ del siglo pasado”, afirmó.

En ese sentido, planteó interrogantes sobre los intereses detrás de lo sucedido: “¿A quién beneficia que la ciudad se detenga? Claramente, no a los trabajadores ni a los estudiantes”.
Llamado a la Justicia

Fernández también apuntó contra quienes busquen aprovechar la situación políticamente y pidió que cualquier información sea presentada ante la Justicia.

“A quienes seguramente saldrán a intentar sacar provecho político de esta situación les pedimos responsabilidad. El sabotaje es un delito. Si tienen pruebas de quiénes están detrás de este robo de llaves, los esperamos en la Justicia. Nosotros ya estamos haciendo lo propio”, sostuvo.

Por último, aseguró que el municipio trabaja para que el servicio vuelva a funcionar: “Nuestra prioridad absoluta es que el servicio se normalice de inmediato. Estamos trabajando con equipos técnicos y legales para garantizar la salida de las unidades. No vamos a permitir que la oscuridad de unos pocos le gane al derecho de todos a circular”.