El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan solicitó formalmente la convocatoria a una Audiencia Pública para tratar el pedido de acceso a la infraestructura eléctrica por parte del proyecto minero Vicuña y la autorización para la ampliación de la capacidad de transporte a su exclusivo cargo, sin aportes de personas usuarias u otras empresas.

Esta medida permitirá que todas las partes interesadas puedan manifestar sus requerimientos y que las empresas y municipios que presentaron oposiciones fundadas expresen sus posiciones. La convocatoria surge tras la controversia generada por la Resolución 79/2026 del ENRE, que otorgó beneficios de exclusividad sobre el sistema de transporte de energía y puso en alerta a varios sectores de la provincia.

El conflicto comenzó el 20 de febrero de 2026 cuando el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó una resolución que establece un régimen de prioridad de uso del 90 por ciento a favor de Vicuña Argentina sobre la capacidad remanente del corredor Nueva San Juan–Rodeo (500 kV) por un plazo de 25 años.

Aunque Vicuña solicitó realizar la ampliación de la capacidad de transporte a su exclusivo cargo, la resolución generó un rechazo inmediato más allá de la explicación que dieron sus referentes porteños. Desde el EPRE y otras empresas mineras se advierte que esta prioridad obligaría a cualquier otro proyecto futuro a depender de la autorización o disponibilidad liberada por Vicuña.

Esta situación ya motivó quejas formales del proyecto Los Azules, de los intendentes de Calingasta, Iglesia y Jáchal, y del mismo EPRE.

Ante la importancia estratégica de las obras, el EPRE sostiene que el análisis en una Audiencia Pública es fundamental para garantizar un procedimiento participativo donde todas las partes interesadas puedan manifestar sus requerimientos.

El objetivo principal es asegurar una planificación técnica rigurosa que no comprometa el servicio eléctrico actual de la provincia, el crecimiento proyectado de San Juan y los intereses de las empresas y usuarios que financiaron las instalaciones existentes.

Además, las autoridades provinciales buscan garantizar que las inversiones privadas para el sector minero no provoquen incrementos en las facturas de los usuarios de San Juan.

Tras reuniones entre ambos organismos, el ENRE ratificó su predisposición para convocar a la Audiencia Pública mediante una resolución que se dictará en los próximos días.

En preparación para ese debate, el EPRE convocará a una reunión informativa del Consejo Asesor de Acompañamiento, con el fin de que todas las instituciones de San Juan participen de forma fundada y efectiva en la defensa de los intereses provinciales.