Tras una serie de auditorías técnicas sorpresivas, la cooperativa CALF detectó que más de 30 propiedades en los barrios cerrados más exclusivos de la ciudad se encontraban colgadas ilegalmente a la red o, habían colocado medidores adulterados para registrar consumos ínfimos.

Se trata de propiedades que en algunos casos superan los 350 metros cuadrados, equipadas con sistemas de climatización permanente, grandes piscinas climatizadas y consumos eléctricos intensivos que, en muchos casos, eran derivados directamente de la red sin pasar por el medidor.

Uno de los operativos más destacados tuvo lugar en el country “La Zagala”, ubicado al oeste de la ciudad sobre la costa del río Limay, donde se detectó una conexión directa de línea subterránea que evitaba la medición real de la energía.
Un riesgo para la seguridad pública

Por lo mismo, ante la evidencia, CALF realizó de inmediato el corte del servicio, el retiro y precintado del medidor y la inhibición de la conexión al inmueble. Además, la Cooperativa informó que se aplicarán las multas correspondientes, se facturará por el consumo no registrado de manera retroactiva y se exigirá la adecuación total de las instalaciones antes de restablecer cualquier suministro.

Cabe destacar, que desde la cooperativa recalcaron que estas prácticas implican perjuicio para todos los asociados y representan un riesgo a la seguridad pública, pudiendo provocar incendios, fallas críticas en la red de media tensión y accidentes que ponen en peligro tanto a las familias de los infractores como a los vecinos del barrio.

Además, desde la conducción de CALF aseguraron que continuaran con este tipo de controles abarcando a la totalidad de la población atendida por la cooperativa. “La transparencia y el pago del servicio no admiten privilegios ni fronteras de seguridad", concluyeron.