Gas: petroleras demandan al Estado por deudas millonarias mientras el Gobierno impulsa cambios en el mercado

Tecpetrol y Pampa Energía iniciaron reclamos judiciales contra Enarsa por incumplimientos del Plan Gas. La disputa surge en medio de la reforma que impulsa el Gobierno para reducir la intervención estatal y trasladar mayor protagonismo al sector privado.

El proceso de transformación del mercado del gas natural avanzó esta semana con nuevas medidas oficiales, pero en paralelo dos de las principales productoras del país llevaron al Estado a la Justicia por deudas millonarias vinculadas a contratos del Plan Gas.

Las compañías Tecpetrol, del grupo Techint, y Pampa Energía, controlada por Marcelo Mindlin, presentaron demandas contra la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa). El reclamo total supera los $187.000 millones, equivalentes a más de US$130 millones, si se consideran capital e intereses acumulados.

La deuda se originó por atrasos en los pagos correspondientes al programa Plan Gas.Ar, un esquema creado para garantizar la producción local mediante precios mínimos para el gas. El mecanismo permitió asegurar el abastecimiento interno y reducir importaciones. Sin embargo, el Estado demoró transferencias durante los últimos años.

En el caso de Tecpetrol, el reclamo asciende a unos $134.000 millones. La empresa argumentó que Enarsa incumplió pagos por entregas de gas, además de compensaciones previstas en las cláusulas Take or Pay, que establecen penalidades cuando el comprador no adquiere los volúmenes comprometidos.

Pampa Energía avanzó con dos demandas desde fines del año pasado. En conjunto, los reclamos superan los $53.000 millones. La situación resulta llamativa por el vínculo fluido entre Mindlin y el Gobierno nacional. De hecho, el empresario anunció recientemente inversiones por US$7.500 millones durante la Argentina Week en Nueva York.

El conflicto por los pagos no implica un rechazo empresarial a las reformas energéticas. Las empresas explican que la presentación judicial responde a una cuestión estrictamente contractual. En el sector petrolero, las compañías insistieron durante meses en que los retrasos afectaron su liquidez y complicaron la financiación de proyectos en Vaca Muerta.

El tema también generó preocupación institucional. En agosto del año pasado, las cámaras empresarias del sector enviaron cartas al Gobierno para advertir que los atrasos “ponen en riesgo los planes de inversión”.

Mientras se desarrolla esta disputa judicial, el Ejecutivo avanza con cambios en la organización del sistema gasífero. A través de una resolución oficial, la Secretaría de Energía dispuso una “reconfiguración” del transporte de gas natural, que busca transparentar costos y reducir la intervención estatal.

El esquema actual funciona con Enarsa como intermediaria. La empresa estatal compra gas a las productoras y luego lo vende a las distribuidoras a un valor menor. El Tesoro cubre la diferencia mediante subsidios. El precio promedio de compra ronda los US$3,79 por millón de BTU.

El nuevo modelo apunta a que los contratos reflejen los costos reales del sistema y a que las empresas privadas asuman un papel central en la comercialización y gestión del gas.

El cambio también reorganiza el transporte del combustible. Los usuarios ubicados cerca de los yacimientos de Neuquén pagarán menos por ese servicio. En cambio, las zonas más alejadas afrontarán tarifas de transporte algo mayores. En la factura final de los hogares, ese componente representa menos del 10 por ciento.

La resolución también dejó sin efecto el plan estatal para ampliar gasoductos que impulsó la gestión anterior. El proyecto más importante incluía la segunda etapa del Gasoducto Perito Moreno, que debía extenderse desde Salliqueló hasta San Jerónimo.

El Gobierno descartó esa obra bajo la premisa de que el Estado no debe financiar infraestructura energética. En su lugar, la ampliación de la red quedará en manos privadas. La empresa Transportadora de Gas del Sur planea expandir el primer tramo del gasoducto con financiamiento propio.

En ese contexto, la tensión judicial entre petroleras y el Estado aparece como un capítulo paralelo dentro de la transición del mercado gasífero, en un momento en que el Gobierno busca redefinir el rol público en el sector energético.