La Cooperativa formalizó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal tras detectar conexiones clandestinas en los barrios cerrados más exclusivos. Se solicita la intervención de la justicia para inspeccionar el interior de las propiedades y determinar la responsabilidad de los propietarios por el delito de hurto de energía.

Lo que comenzó como un operativo de auditoría técnica en urbanizaciones cerradas escaló al plano judicial. La Cooperativa, a través de su apoderado legal, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Neuquén, solicitó que se investigue la sustracción ilegítima de energía eléctrica en propiedades de alto poder adquisitivo.


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La presentación judicial no solo busca la sanción económica, sino que constituye a la Cooperativa como parte querellante en una causa que, prima facie, encuadra en los delitos de hurto y robo (Art. 162 y 164 del Código Penal).

Dada la complejidad de las maniobras detectadas, que incluyen conexiones subterráneas directas y bypasses que evitaban los medidores, CALF solicitó al Juez de Garantías órdenes de allanamiento y registro para cinco propiedades ubicadas en los sectores más costosos de la ciudad.