Representantes de cooperativas eléctricas bonaerenses expresaron su preocupación por la incertidumbre financiera que enfrentan ante el inminente inicio del pago de deudas con la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, previsto para mediados de año.

El planteo se realizó este jueves en Olavarría, durante un encuentro de la Federación de Cooperativas de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), del que participaron dirigentes como Oreste Binetti (Luján), Ignacio Aramburu (Olavarría) y Walter Vázquez (Tandil), quienes coincidieron en un diagnóstico crítico sobre la situación del sector.

Binetti describió un escenario “muy difícil”, marcado por el arrastre de deudas acumuladas desde la pandemia, en un contexto en el que las tarifas no alcanzaban a cubrir los costos operativos ni la compra de energía mayorista. En ese sentido, explicó que, tras un proceso de normalización, las cooperativas lograron regularizar el pago del 100 por ciento de la energía corriente y acordaron un refinanciamiento de la deuda a ocho años, con uno de gracia.

No obstante, advirtió sobre las dificultades que se avecinan: las cuotas comenzarán a exigirse entre junio y julio y muchas entidades “no saben cómo van a llegar”, ya que apenas logran sostener sus cuentas. Además, remarcó que existen cooperativas “muy complicadas”, con altos niveles de morosidad y conexiones irregulares, lo que impacta directamente en su capacidad operativa.

Por su parte, Ignacio Aramburu, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Olavarría (Coopelectric), coincidió con el diagnóstico general, pero sumó factores locales que agravan la situación. Entre ellos, destacó la extensión de la red rural, que en su caso alcanza unos 3.000 kilómetros, muy por encima de otras cooperativas. También señaló problemas vinculados a la morosidad y el fraude, al advertir que existen sectores donde hay usuarios conectados de manera irregular y fuera del sistema formal.

En tanto, Walter Vázquez, de la Usina Popular de Tandil, sostuvo que el endeudamiento no solo afecta a las cooperativas, sino también a distribuidoras provinciales y nacionales. Explicó que el problema se originó durante la pandemia, con el congelamiento tarifario y el impacto inflacionario sobre los costos operativos, lo que derivó en un deterioro financiero progresivo.

“Primero se hicieron mantenimientos mínimos, luego se frenaron inversiones e incluso se tomó deuda con proveedores de energía”, detalló. A esto sumó los retrasos en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que —según indicó— no acompañaron el ritmo inflacionario.

Si bien reconoció que actualmente existe una mejor situación tarifaria, que permite afrontar el pago total de la energía y el transporte, subrayó que el escenario previo dejó como saldo un capital de trabajo muy reducido. “Las inversiones que no se hicieron hoy no pueden afrontarse, y al mismo tiempo se viene el pago de las cuotas con CAMMESA”, concluyó.

El panorama expuesto por los dirigentes refleja un sector aún en proceso de recuperación, pero con fuertes desafíos por delante, especialmente ante el inicio de los compromisos financieros asumidos.

Con información de Infocielo