La acción de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país, cotiza cerca de los 3.800 pesos, un nivel que en el mercado consideran demasiado bajo frente a un valor que debería ubicarse por encima de los 4.800 pesos. La empresa llega a esta instancia con ingresos por USD 363 millones, un Ebitda del 50 por ciento y una deuda muy acotada. En otras palabras, los números acompañan, pero el papel no termina de despegar.

El negocio tiene una base más que firme: alrededor del 96 por ciento de sus ingresos proviene de tarifas reguladas que paga Cammesa, bajo un esquema que le asegura flujo para cubrir costos, inversiones y una rentabilidad cercana al 7 por ciento. Además, las tarifas se actualizan de manera periódica y acompañan la inflación, algo clave en un contexto económico tan movido. Con ese esquema, la compañía administra cerca del 85 por ciento de la red nacional, con más de 13.200 kilómetros de líneas y 53 estaciones transformadoras.

Pero el mercado quedó mirando de reojo el proceso de privatización de la parte que conserva el Estado. Ya aparecieron dos oferentes conocidos: el grupo Edison de los Neuss, Edenor de José Luis Manzano y Central Puerto de Nicky Caputo. En la City dan por hecho que los Neuss corren con ventaja por su cercanía al gobierno a través de Santiago Caputo. Pese a eso, la reacción bursátil fue negativa y la acción llegó a caer fuerte apenas se conocieron las ofertas.

En el sector no pasó desapercibido que el propio gobierno de Milei haya lanzado la privatización con un precio base de apenas USD 206 millones, una cifra que muchos consideran muy por debajo del valor real de la compañía. Un operador con experiencia lo resumió sin vueltas: "¿Porqué el gobierno quiere vender una empresa por debajo de su valor? Es una muy buena pregunta". La duda quedó instalada y, mientras el proceso avanza, el papel sigue lejos de reflejar la potencia de un activo que muchos ven como una verdadera autopista eléctrica.

Hoy, el control estatal se ejerce a través de Citelec, compartido entre Pampa Energía de Marcelo Mindlin y Enarsa. El Gobierno busca desprenderse del 50 por ciento que tiene esta última, en una movida que dejará afuera al Estado de una compañía estratégica. Con ese telón de fondo, la pregunta sigue flotando en el mercado: si los fundamentos son tan sólidos, ¿por qué la acción sigue castigada? Por ahora, la respuesta no aparece y la incertidumbre pesa más que los números.