RÍO GALLEGOS.- Es en el marco del amparo presentado por los vecinos que viven lindantes al predio donde se depositan los residuos urbanos a cielo abierto.
La Justicia ordenó al municipio de Río Gallegos presentar en un plazo de 20 días hábiles un plan correctivo para revertir las condiciones contaminantes del vaciadero municipal, actualmente funcionando como basural a cielo abierto. La medida fue dispuesta por el juez Marcelo Bersanelli en el marco de un amparo colectivo impulsado por vecinos que residen en zonas lindantes al predio.

Durante una audiencia, la Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia ratificó que el basural presenta graves incumplimientos de la normativa vigente y representa un riesgo significativo tanto para el ambiente como para la salud pública. En ese sentido, una inspección oficial determinó que el vaciadero, en sus condiciones actuales, es altamente contaminante, afectando el suelo, el aire y las napas, además de impactar directamente en la calidad de vida de los barrios cercanos.

El requerimiento judicial obliga al municipio a presentar un informe detallado que incluya metas claras, medibles, plazos definidos y un cronograma de implementación progresiva. También deberá contemplar acciones concretas para mitigar los efectos negativos que genera la acumulación de residuos sin tratamiento adecuado.

Desde el área ambiental provincial remarcaron que, vencido el plazo, podrían aplicarse sanciones en caso de incumplimiento. Estas van desde multas económicas hasta la eventual clausura del predio, lo que implicaría un fuerte impacto en el sistema de gestión de residuos de la capital santacruceña.

Foco de contaminación

El conflicto por el basural de Río Gallegos lleva años de reclamos por parte de los vecinos, quienes incluso presentaron centenares de firmas exigiendo su erradicación. Ahora, con la intervención judicial, el municipio enfrenta un plazo concreto para dar respuestas a una problemática ambiental y sanitaria que ya no admite demoras.

En la audiencia, los representantes del Ministerio de Salud y Ambiente y de la Fiscalía de Estado sostuvieron la continuidad del procedimiento administrativo iniciado contra el municipio, rechazando el intento de la comuna de dejarlo sin efecto. De este modo, se mantiene vigente la posibilidad de determinar responsabilidades en el marco del poder de policía ambiental.

El 7 de abril la Provincia difundió un lapidario informe sobre las condiciones del vaciadero, advirtiendo que de no cesar los efectos nocivos del basural produciría la clausura del mismo obligando al municipio a trasladar los residuos a la planta ubicada en cercanías de Punta Loyola.

El secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio, señaló que el vaciadero era "uno de los principales focos de contaminación de la ciudad".

Fue luego de sendas inspecciones realizadas por personal técnico de la Dirección de Gestión Integral de Residuos, junto a fuerzas de seguridad a raíz de denuncias de los vecinos por quema de residuos y funcionamiento irregular del vaciadero.

Durante la inspección, se constató la generación de lixiviados, la cercanía del predio a zonas urbanas y espacios naturales, y la reiteración de incendios, algunos vinculados a la manipulación informal de residuos.

Desde la Secretaría de Ambiente remarcaron que la erradicación del basural es una obligación legal y una necesidad urgente para reducir el impacto ambiental y sanitario. En esa línea, insistieron en la importancia de avanzar hacia una gestión integral de residuos que contemple el traslado al relleno sanitario habilitado y el cumplimiento de la normativa vigente.