El año pasado, el Gobierno nacional abrió una nueva etapa en el mapa hidroeléctrico argentino. Lejos de repetir el esquema de los años ‘90, cuando las concesiones se prorrogaban o renegociaban automáticamente, decidió no renovar los contratos vencidos en las Represas del Comahue y avanzó con licitaciones internacionales que redefinieron las reglas de juego.

El cambio no es menor, en estas represas que están ubicadas principalmente en Neuquén y Río Negro, el Estado impuso un modelo híbrido donde las empresas ya no solo compiten por operar, sino que deben ofertar canon, inversiones concretas, planes de mantenimiento y garantías de seguridad hídrica. Es decir, no se licita solo la generación eléctrica, sino la administración responsable del recurso.
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El nuevo modelo redefinió las condiciones de explotación, pero cedió la operación al sector privado, y el primer proceso de licitación que marcó el cambio de política terminó con la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas del país: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuya concesión estatal había vencido luego de décadas de prórrogas transitorias.

El proceso concluyó a fines de diciembre de 2025 con la adjudicación y la firma de contratos de concesión por más de 700 millones de dólares y empresas privadas como Edison Inversiones, BML Inversora y Central Puerto se quedaron con la operación de las centrales del Comahue bajo nuevos contratos vigentes por las próximas tres décadas.
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Los hermanos Neuss ganaron una represa

Quiénes son las empresas: En Alicurá, Edison Inversiones ofertó US$ 162 millones y se quedó con el 100 por ciento de las acciones. La firma está liderada por los hermanos Patricio y Germán Neuss (operadores de EdERSA, la empresa de Energía de Río Negro y de la petrolera Patagonia Resources, en Santa Cruz), en sociedad con Rubén Cherñajovsky (Grupo Newsan) y el fondo Inverlat. Mientras que, en Cerros Colorados, nuevamente Edison Inversiones ofertó US$ 38 millones y asumirá el control total.

En Piedra del Águila, Central Puerto, la mayor generadora de energía eléctrica del país, liderada por accionistas locales ofreció US$ 245 millones y continuará al mando total de la central.
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Para el complejo El Chocón–Arroyito, MSU Green Energy (BML), propiedad de Manuel Santos Uribelarrea, empresario con fuerte presencia en el sector agroenergético, presentó US$ 235,6 millones y adquirirá el 99 por ciento del paquete accionario, quedando el 1 por ciento en manos de BML Inversora.

Así terminó la primera gran licitación hidroeléctrica tras el fin del esquema heredado de los ’90.

¿Un espejo para Futaleufú, en Chubut?

Con el antecedente del Comahue, el mismo esquema podría caberle a la Represa Futaleufú. Teniendo en cuenta que la Secretaría de Energía de Nación extendió el período de transición hasta el 15 de junio de este año, es decir estamos muy cerca de conocer novedades que cambiarán esta historia.

Lo que hay que tener en cuenta en este caso, es que este complejo hidroeléctrico está atado de forma directa a Aluar, que obtiene de la central unos 560 megas claves para su planta de aluminio en Puerto Madryn, y que desde 1995, el 60 por ciento de Futaleufú es controlada por el holding Madanes Quintanilla.
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En medio del conflicto político entre Javier Milei y el empresario industrial más importantes del país -que terminó con el cierre de Fate y la quita del arancel antidumping al aluminio que la dejó afuera de dos enormes licitaciones petroleras- la Nación ya designó veedores y dejó en claro que no habrá renovación automática. La represa chubutense se convirtió en un activo aún más sensible: para la Casa Rosada, Futaleufú es parte del proceso de “desarmar privilegios”; para el grupo empresario, es la base de su competitividad global.
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A la disputa se sumó la provincia. El gobernador Ignacio Torres abrió el paraguas hace un tiempo y judicializó el tema ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aceptó tratar la demanda donde se reclamó participar en la definición de la nueva concesión, antes de que avance cualquier tipo de licitación. La provincia invocó el dominio originario de los recursos naturales establecido en la Constitución de 1994 y pidió que cualquier esquema contemple una renta hídrica local.

Además, la puesta en marcha de la nueva empresa estatal de energía EPECH (Energía Pública del Chubut), le permitirá a Torres buscar ser un actor importante en la nueva concesión para captar la renta energética y también para participar de la licitación que le permita ingresar al negocio en la generación, comercialización o la gestión de sus recursos hídricos. En este caso, lo que resta saber es de dónde saldrá la plata.
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Otra historia

Esta semana y a gran velocidad los argentinos se anoticiaron de que la mayor “autopista eléctrica” del país cambió de manos. Transener, responsable de operar y mantener más de 15.000 kilómetros de líneas de 500 KiloVolts y nodos transformadores estratégicos, quedó en manos de un nuevo dueño, tras la compulsa por la participación estatal en Citelec, sociedad que controla la mayor red de alta tensión del sistema. La firma no produce ni comercializa electricidad, sino que garantiza que la energía generada en represas, usinas térmicas, parques eólicos, solares y nucleares llegue a las redes provinciales, administradas por CAMMESA, a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Los nuevos dueños son Edison Energía y Genneia, que ofertaron 356 millones de dólares y se quedaron con el negocio del transporte de energía eléctrica en alta tensión. Lamentablemente hubo alguna falla técnica en la plataforma oficial Contratar, que hizo que el gran ganador se conozca una hora después respecto a las otras propuestas, que fueron de 301 millones de dólares por parte de Central Puerto y 230 millones de dólares por parte de Edenor. Durante sesenta minutos, el sector energético pensó que el ganador era Central Puerto, pero luego el resultado cambió con la aparición del tercer sobre.
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Banco Macro

Para el vehículo inversor integrado por los hermanos Neuss, el fondo Inverlat, el Grupo Newsan y Jorge Brito (Edison Energía), la compra termina de completar una expansión acelerada: ya sumaron distribuidoras del NOA, la transportista Litsa, centrales hidroeléctricas como Potrerillos y los complejos Alicurá y Cerros Colorados. Con esta pieza, el grupo pasaría a tener presencia simultánea en generación, traslado y distribución.

Si se avanza con la adjudicación, el esquema societario no cambiaría, por ahora, el rol de Pampa Energía (del empresario Marcelo Mindlin), que continuará como socio en la controlante. La participación en disputa era indirecta: el Estado poseía 26,32 por ciento de Transener a través de Enarsa, que comparte Citelec en partes iguales con Pampa; el resto se reparte entre ANSES y acciones que cotizan en bolsa.
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Detrás del interés económico aparece un cuadro técnico delicado. La demanda eléctrica argentina creció 117 por ciento entre 2002 y 2024, mientras que la infraestructura de transporte se amplió solo 54 por ciento. El diagnóstico interno es contundente: red saturada, inversiones postergadas y rentabilidad erosionada tras años de tarifas congeladas y ajustes discrecionales. Quien tome el control no solo adquiere un activo estratégico; hereda también el desafío de modernizar la columna vertebral que sostiene el suministro nacional.

La llave puesta y la puerta abierta

La autorización oficial de la salida definitiva de YPF de los yacimientos convencionales de Chubut, sigue dando de qué hablar. A pesar de que el Gobierno celebró el compromiso de inversión de PECOM de 191 millones de dólares solo en Manantiales Behr (por 18 meses) que se suman a los 80 millones prometidos para Trébol–Escalante y Campamento Central–Cañadón Perdido, con el precio del petróleo internacional superando los 100 dólares, todo pareciera un poco insuficiente.
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Por esta razón, tanto Torres, como el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, anticiparon que próximamente podrían abrir una ronda de reuniones con operadoras de Chubut para “revisar los planes de inversión previstos en 2026”.
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Foto: Argenports

“Hay un cambio de condiciones. Ahora claramente el conflicto se viene manteniendo en el tiempo y hay una expectativa de que no va a volver, por lo menos en el corto plazo, el precio del petróleo a 60 dólares”, dijo el ministro.

A pesar de que oficialmente el único plan de inversión presentado es el de PECOM, por las declaraciones de los funcionarios se intuye que el resto está descalzado, teniendo en cuenta el contexto internacional y los numerosos incentivos brindados al sector para reactivar la actividad petrolera.
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En otro orden, el ministro volvió a recordar esta semana que YPF tenía en su contrato una cláusula que le permitía ceder sus derechos de concesión, aunque como dicen todos los contratos petroleros que su cartera maneja, la autorización debe ser previa y debe venir del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, la impensada experiencia de YPF, dejando la provincia con la que mantuvo más de 100 años historia, habilita la posibilidad de que otras históricas, a las que también les resulta más conveniente Vaca Muerta, puedan pensar en una despedida ordenada porque el Estado ya tiene la experiencia de un proceso que para las compañías termina bien.

Salida garantizada

En el marco de las exigencias de mayores inversiones a las operadoras de Chubut, el secretario general del gremio petrolero, Jorge Ávila, advirtió que hay empresas que “no están invirtiendo para producir más” y que “solo extraen lo mínimo”.
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En este sentido garantizó: “si las empresas quieren irse, el sindicato no lo va a impedir. Prefiero trabajar con quienes apuesten a quedarse e invertir”.

Ávila repitió que esta región “perdió más de 12 mil puestos de trabajo” y que “la crisis se va a profundizar si no hay cambios”.

Promesas rotas sobre el surtidor

Mayo comenzó con una doble señal para el bolsillo. Por un lado, el Gobierno nacional volvió a actualizar los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, y por otro, YPF movió nuevamente sus pantallas y dejó atrás, en los hechos, la pausa de 45 días que había comunicado a inicios de abril sobre el valor de las naftas.

A comienzos del mes pasado, el presidente de la compañía, Horacio Marín, anunciaba la implementación de un “buffer” para sostener valores estables durante ese lapso. Aunque aclaró que no era un congelamiento estricto ni un tope, la decisión correspondía a una definición transitoria en un mercado con precio de barril libre. Sin embargo, el ajuste llegó antes de que se cumpla el respiro.
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Foto: NEA Hoy

En las estaciones de servicio, la reacción fue inmediata: sorpresa entre conductores y debate en redes, donde el tema ganó visibilidad en pocas horas. Con el retoque fiscal vigente y la actualización aplicada por la petrolera, el inicio de mes combinó presión tributaria y movimiento comercial, en un contexto donde cada variación impacta de manera directa en los bolsillos de los argentinos.