En el gobierno local parecen convivir dos sociedades. La que Guillermo Montenegro construyó en la génesis de su gestión con el radical Maximiliano Abad y la que, con el advenimiento de Javier Milei, cimentaron el presidente del PRO, Emiliano Giri, y el libertario Alejandro Carrancio, que incluye al intendente Agustín Neme.

Esas relaciones cruzadas fueron, son y probablemente serán fruto de tensiones inconfesables en el partido de gobierno –el PRO–, pero hay hechos, modos y aspectos de la gestión que, a cinco meses del cambio de intendente, sugieren la prevalencia del antiguo régimen.

El insistente reclamo por Punta Mogotes es un símbolo de la vigencia de aquella alianza. Lo inauguró Montenegro una mañana de agosto de 2024 junto a la entonces presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, y lo continúan hoy todos los concejales del radicalismo y el PRO.

La semana pasada, Montenegro y Abad redoblaron la presión hacia el gobernador Axel Kicillof para que transfiera el complejo. Ocurrió después de que la Suprema Corte bonaerense denegara un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizara dónde debía tramitarse la causa judicial. El rechazo implicó un nuevo aval –el tercero– a que siga tramitándose en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata (y no pase a La Plata como pretendía el Gobierno bonaerense).

“Kicillof tiene que dejar de dar vueltas, Punta Mogotes es de los marplatenses”, reaccionó Abad. “Cuando tres instancias judiciales dicen lo mismo, lo responsable es acatar y dejar de dilatar”, postearon al unísono los concejales del PRO. Luego, junto a los radicales y al de la Coalición Cívica, presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto para que la Provincia suspenda el concurso de ideas arquitectónicas para el futuro del complejo.