El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, ratificó la continuidad de la política de eliminación de subsidios energéticos, argumentando que la medida es fundamental para alcanzar el equilibrio fiscal y garantizar la previsibilidad del sector. El funcionario destacó que la estrategia oficial consiste en focalizar la asistencia exclusivamente en los sectores más vulnerables, abandonando el esquema de subsidios generalizados.
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Según sus precisiones, actualmente más del 50 por ciento de la población aún recibe algún tipo de beneficio en sus facturas de gas y electricidad, una cifra que el Gobierno pretende reducir gradualmente en el marco de su plan de desregulación económica.
El Gobierno defendió la quita de subsidios y prometió más recortes en las tarifas

González subrayó la necesidad de normalizar la señal de precios para reactivar la inversión privada en infraestructura. En este sentido, calificó como una “locura” el esquema previo donde los usuarios pagaban apenas el 30 por ciento del costo real de la energía.

Para revertir esta situación y asegurar la salud financiera de las compañías, el Ejecutivo implementó ajustes mensuales por inflación en las tarifas de las empresas reguladas, complementando la revisión quinquenal iniciada en mayo del año pasado. Este nuevo esquema busca, mediante herramientas como el RIGI, brindar condiciones de largo plazo para que los privados ejecuten proyectos clave en las áreas de generación y transporte de energía.
El fin del Plan Gas y la liberalización del mercado

En cuanto a la producción de hidrocarburos, el Gobierno confirmó que no renovará el Plan Gas, el programa de incentivos nacido en 2012 para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta. El secretario explicó que, dada la mayor eficiencia actual del yacimiento y el incremento en la capacidad de transporte, el esquema dejará de existir una vez que venzan los contratos vigentes en aproximadamente dos años y medio.

La decisión responde a un diagnóstico oficial que señala una falta de disponibilidad de combustible para la generación eléctrica debido a que casi la totalidad de la producción está comprometida bajo contratos estatales, por lo que se buscará que, a futuro, los privados puedan contratar directamente entre sí en un mercado totalmente liberalizado.