Para el gobierno nacional, los descuentos en el transporte público de pasajeros se vuelven difíciles de prevér, y la cuestión parece suficiente para reducirlos.
El formato utilizado por las autoridades de la Secretaría de Transporte es establecer, desde este 1 de julio, "tarifas de referencia" para los servicios en todo el país, prestados a través de la Tarjeta SUBE, sobre los cuales realizará el descuento para usuarios de ingresos ubicados por debajo de la línea de indigencia.

La principal cuestión apunta a la "Tarifa Social", que equivale al descuento del 55 por ciento de cada boleto; y la administración de Javier Milei se guarda la posibilidad de que este monto aumente ante el incremento del boleto en las provincias.

¿A quién perjudicaría ante los siguientes ajustes? A sus beneficiarios: jubilados y pensionados; a titulares de la (AUH), la Asignación por embarazo; quienes perciben pensiones no contributivas; veteranos de la Guerra de Malvinas; como así también monotributistas sociales; empleadas de casas particulares; beneficiarios del seguro por desempleo, quienes perciben las Becas Progresar y otros programas de empleo.

La cuenta es sencilla: el descuento permanecerá congelado a pesar de que los boletos puedan aumentar, hasta que las autoridades dispongan mover la "tarifa de referencia”, generando así “un criterio objetivo y uniforme".

Los argumentos oficiales aducen que los incrementos “no responden a decisiones adoptadas por la autoridad nacional”, generando “variaciones automáticas en el reconocimiento del atributo social”, y por eso no puede calcular los montos a destinar.

Acorralado por sus propias decisiones, aducen que el valor de los boletos del transporte público en el país “presentan una dinámica frecuente y heterogénea”, apuntando a provincias y municipios. Se omite, en tal sentido, la progresiva quita de subsidios de la Nación.

De esta manera, los descuentos no seguirán, automáticamente, la línea del precio de los boletos.