El sistema de recuperación de residuos platense pasó de reciclar casi el 10 por ciento de la basura a menos del 5 por ciento en tres años. Con el contrato de las cooperativas vencido y sin señales de renovación, la Universidad decidió meterse en el conflicto. La pregunta es si el Municipio está dispuesto a escucharla o si ya tomó una decisión que no piensa revisar.

El martes venció el contrato que la gestión de Julio Alak mantenía con las cooperativas de recuperadores urbanos y no hay, por ahora, ninguna señal de que vaya a renovarse. En medio de ese vacío, la Universidad Nacional de La Plata decidió pisar el tablero: a través de su Consejo Social, y con investigadores del Conicet detrás, le presentó esta semana un informe a la Municipalidad que pone en números lo que las cooperativas vienen denunciando hace rato y que ofrece algo que hasta ahora nadie había puesto sobre la mesa, una mesa de trabajo conjunta entre el Municipio y las organizaciones de recuperadores.

Los datos que aporta el documento son contundentes. En 2022, La Plata reciclaba 26.630 toneladas de residuos al año, el 9 por ciento de todo lo que se generaba en la ciudad. Hoy esa cifra cayó a 14.454 toneladas anuales, con una tasa de recuperación del 4,89 por ciento. En tres años, el sistema se derrumbó a menos de la mitad. Todo lo que antes se separaba y ahora no, termina enterrado en el Ceamse, con el costo ambiental y económico que eso implica para las arcas municipales.

La UNLP no se limitó a diagnosticar. Ofreció diseñar, junto a ambas partes, indicadores ambientales, operativos y económicos para evaluar y fortalecer el sistema existente, y mencionó un proyecto propio, desarrollado a través del CIDEPS, para darle nuevos usos a plásticos de bajo valor comercial como bolsas y films. Pero fue clara en un punto, ese desarrollo sólo tiene futuro si el sistema cooperativo se sostiene. «Esta apuesta de la Universidad requiere no sólo del sostenimiento del sistema de recuperación del Municipio, con eje en las cooperativas, sino en su fortalecimiento», concluye el documento.

El contexto en el que aparece este informe es tenso. La semana pasada, una protesta de cooperativistas frente al Palacio Municipal terminó con incidentes, detenciones y daños que el Municipio estimó en más de 43 millones de pesos. Este miércoles, las organizaciones volvieron a la calle con una «volanteada y semaforazo» bajo el lema «en defensa del reciclaje», con actividades en 44 y 143 durante la mañana y en 44 y 8 y 54 y 12 por la tarde. El objetivo, según explicaron desde la Cooperativa de Reciclado, fue dialogar con los vecinos y visibilizar la situación de unas 200 familias que quedaron sin changa después del fin del vínculo contractual con la Comuna.