Las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad bajo jurisdicción federal deberán incorporarse al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE), en una medida impulsada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención de la corrupción y adecuar al sector a estándares internacionales de transparencia.

La disposición fue oficializada este jueves mediante la Resolución 199/2026, publicada en el Boletín Oficial, que establece un plazo de un año para cumplir con la inscripción.

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La obligación alcanza a las licenciatarias de transporte y distribución de gas natural y a las concesionarias del servicio eléctrico de jurisdicción federal. En los fundamentos de la resolución, el organismo señaló que existen causas judiciales en trámite vinculadas con la materia regulada y destacó la necesidad de reforzar los mecanismos de integridad en un sector considerado estratégico. Para el resto de las empresas y agentes comprendidos por las leyes que regulan los mercados del gas y la electricidad, la adhesión al registro será voluntaria y dispondrán de un plazo de dos años para incorporarse.

La iniciativa forma parte de la estrategia orientada a alinear la normativa argentina con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco del proceso de inserción del país en el comercio internacional previsto por el Decreto 70/2023.

La normativa contempla una excepción para las empresas que ya cuenten con certificaciones internacionales ISO 37001, vinculada a sistemas de gestión antisoborno, o ISO 37301, referida a programas de cumplimiento normativo. En esos casos, no será necesario adherirse al RITE, aunque las compañías deberán comunicar formalmente esa condición al ente regulador para acreditar el cumplimiento de los estándares exigidos.

El Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades fue creado en diciembre de 2022 como una plataforma digital de adhesión voluntaria destinada a promover programas de integridad en organizaciones públicas y privadas.

Actualmente reúne a más de 224 entidades, de las cuales más del 80 por ciento pertenecen al sector privado, y cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).