Los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron este lunes el proyecto de ordenanza denominado "Nuevo Bondi", una iniciativa que propone una reforma integral del sistema de transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán mediante la creación de un nuevo marco regulatorio para la planificación, organización, contratación, control y financiamiento del servicio.


La propuesta parte de un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del sistema actual, al considerar que el modelo vigente "se encuentra agotado" por los problemas de frecuencia, recorridos desactualizados, estado de las unidades, falta de información al usuario, precariedad contractual y los reiterados debates centrados únicamente en el precio del boleto. En ese sentido, los autores sostienen que la ciudad necesita abandonar un esquema basado en prórrogas y permisos precarios para avanzar hacia un sistema "planificado, integrado, transparente y centrado en las personas usuarias".


Uno de los ejes centrales del proyecto es que el Municipio deberá diseñar previamente una Red Integrada de Transporte, antes de convocar a una nueva licitación. Ese plan deberá relevar recorridos, demanda, tiempos de viaje, zonas con escasa cobertura y necesidades reales de movilidad, con el objetivo de rediseñar completamente el mapa del transporte urbano. Además, la iniciativa prohíbe que futuras licitaciones reproduzcan automáticamente los recorridos actuales sin una justificación técnica.


El proyecto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, también modifica el esquema de contratación de las prestatarias. En lugar de concesionar líneas históricas, propone dividir el servicio en Unidades de Servicio, cada una con recorridos, frecuencias, kilómetros, cantidad de colectivos e indicadores de calidad previamente definidos por el Municipio.


De esa manera, las empresas competirían por operar una determinada unidad mediante licitación pública y cobrarían en función del servicio efectivamente prestado. "La remuneración empresaria debe vincularse al cumplimiento efectivo de la Unidad de Servicio adjudicada", señala el proyecto, que plantea que las compañías sean evaluadas por los kilómetros recorridos, la puntualidad, la frecuencia, la accesibilidad, el mantenimiento de las unidades y la calidad del servicio.


Asimismo, establece que ningún subsidio, compensación económica o pago adicional podrá liquidarse sin información verificable obtenida mediante GPS, validadores electrónicos, registros de kilómetros recorridos, inspecciones municipales y otros sistemas de control.