Desde este viernes, los desarrolladores inmobiliarios de Salta deberán informar con mayor precisión si los lotes que ofrecen cuentan efectivamente con energía eléctrica, agua potable y saneamiento, o si esos servicios todavía dependen de obras pendientes.

El nuevo reglamento, publicado en el Boletín Oficial de este jueves, fue aprobado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos y alcanza a urbanizaciones privadas abiertas y cerradas de toda la provincia. La norma busca proteger a compradores e interesados frente a promesas de servicios que, en algunos casos, todavía no están disponibles.

Entre la información exigida aparecen los certificados de factibilidad de energía eléctrica y de agua y saneamiento, además del estado de la infraestructura necesaria para prestar esos servicios.
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También deberá informarse el grado de avance de las obras, con criterios verificables y aval técnico. El reglamento incorpora además la figura de un responsable técnico del proyecto, junto al responsable legal.

La medida parte de un criterio simple: quien compra un terreno tiene derecho a saber si los servicios prometidos existen, están en construcción o todavía no tienen condiciones para prestarse.

El Ente Regulador remarcó que la relación entre comprador y desarrollador está alcanzada por las normas de defensa del consumidor y que la información brindada debe ser adecuada y veraz.