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Termoeléctricas, centrales hidroeléctricas, gasoductos, AySA e Intercargo integran la nueva etapa del programa oficial. La Casa Rosada calcula obtener más de US$1.000 millones antes de finalizar el año, aunque los valores definitivos dependerán de las ofertas y las condiciones de cada operación.
El Gobierno prepara una nueva etapa de privatizaciones.
Centrales termoeléctricas.
Represas hidroeléctricas.
Gasoductos.
Agua y saneamiento.
Servicios aeroportuarios.
No todos los procesos serán iguales.
En algunos casos se venderán acciones.
En otros se entregarán concesiones por períodos prolongados.
También habrá licitaciones para seleccionar operadores privados.
Pero detrás de las distintas modalidades aparece un mismo objetivo inmediato:
conseguir dólares para afrontar vencimientos de deuda.
El Ministerio de Economía contempla que las privatizaciones aporten alrededor de US$1.500 millones al programa financiero de 2027.
Una parte importante de esos recursos podría ingresar antes de terminar este año.
DOS TERMOELÉCTRICAS
El próximo movimiento sería la venta de las participaciones que Energía Argentina conserva en dos importantes centrales termoeléctricas.
La Termoeléctrica Manuel Belgrano, ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires.
Y la Termoeléctrica José de San Martín, instalada en Timbúes, Santa Fe.
El Estado controla aproximadamente el 65 por ciento de la primera y cerca del 69 por ciento de la segunda.
Ambas poseen ciclos combinados y una potencia neta de 865 megavatios cada una.
No se trata, por lo tanto, de instalaciones marginales.
Son centrales importantes dentro del sistema eléctrico argentino, con capacidad para transformar gas natural en energía y abastecer una parte significativa de la demanda.
Las estimaciones preliminares calculan que el Estado podría obtener alrededor de US$300 millones por cada participación.
En total, unos US$600 millones.
Pero se trata solamente de una expectativa.
El valor definitivo surgirá de las licitaciones, del interés de los compradores y de las condiciones incluidas en los pliegos.
AySA
La operación más grande que ya se encuentra formalmente en marcha es la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos.
El Estado puso en venta el 90 por ciento de las acciones de AySA mediante una licitación sin precio base.
La presentación de ofertas está prevista para el 15 de septiembre.
Ese día se conocerá quiénes están interesados en una empresa que presta servicios esenciales de agua potable y saneamiento a millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Gobierno estima obtener cerca de US$500 millones.
El futuro concesionario también deberá asumir compromisos de inversión.
El pliego contempla alrededor de US$1.940 millones durante los primeros cinco años y más de US$15.000 millones a lo largo de tres décadas.
Aquí aparece una de las cuestiones fundamentales que deberán observarse.
No alcanza con conocer cuánto pagará el comprador.
También será necesario saber:
Cuánto deberá invertir.
Cómo se controlará el cumplimiento.
Qué régimen tarifario tendrá.
Qué calidad de servicio deberá garantizar.
Y qué ocurrirá si las obras comprometidas no se ejecutan.
En una empresa de agua y saneamiento, el precio de venta representa solamente una parte de la discusión.
INTERCARGO
El Gobierno también volverá a intentar la privatización de Intercargo, responsable de los servicios de asistencia en tierra para aeronaves y pasajeros en numerosos aeropuertos del país.
La primera licitación fracasó.
El Estado pretendía vender el 100 por ciento de la compañía con un precio base de US$45 millones, pero no recibió ninguna oferta.
El nuevo llamado tendría dos cambios importantes.
No se fijaría un precio mínimo.
Y la empresa llegaría a la venta con menos dinero disponible, porque el Tesoro retiraría previamente una parte de sus recursos líquidos.
Esta decisión probablemente será uno de los puntos más discutidos.
La ausencia de un precio base puede facilitar la aparición de interesados.
Pero también obliga a establecer mecanismos muy transparentes para evitar que el activo termine siendo transferido por debajo de un valor razonable.
Intercargo cuenta con más de 1.500 trabajadores y ocupa una posición relevante dentro del sistema aeroportuario.
El desafío será combinar eficiencia, competencia, continuidad del servicio y protección del interés público.
LAS REPRESAS
Otra parte del programa estará centrada en cuatro grupos de centrales hidroeléctricas cuyos contratos originales, otorgados durante la década de 1990, ya finalizaron.
Son Futaleufú, en Chubut.
El sistema Diamante, en Mendoza.
Río Hondo-Los Quiroga, entre Tucumán y Santiago del Estero.
Y los complejos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, en Tucumán.
Actualmente funcionan mediante distintos esquemas transitorios mientras el Estado prepara nuevas licitaciones.
En estos casos no se venderían necesariamente las obras.
El Estado mantendría la propiedad y otorgaría nuevas concesiones para su explotación.
La diferencia es importante.
Una privatización implica transferir la propiedad de acciones o activos.
Una concesión entrega durante un tiempo determinado el derecho a operar una infraestructura pública bajo condiciones establecidas por el Estado.
Las represas, además de producir electricidad, administran agua y pueden influir sobre actividades productivas, poblaciones y ecosistemas.
Por eso, las nuevas concesiones deberán considerar algo más que el canon ofrecido.
Importarán las inversiones.
El mantenimiento.
La seguridad de las presas.
La gestión ambiental.
Y la coordinación con las provincias involucradas.
LOS GASODUCTOS
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas también analiza el futuro de los grandes gasoductos operados por Energía Argentina.
El principal es el Gasoducto Perito Moreno, originalmente denominado Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.
También aparecen la Reversión del Gasoducto Norte.
Mercedes-Cardales.
El Gasoducto del Noreste Argentino.
Y el Juana Azurduy.
En conjunto superan los 3.100 kilómetros de extensión.
El esquema en estudio consistiría en otorgar concesiones por treinta años mediante una competencia nacional e internacional.
Uno de los criterios para seleccionar al operador podría ser la tarifa de transporte ofrecida.
La cuestión no es menor.
Los gasoductos conectan los centros de producción con las industrias, las centrales eléctricas y los hogares.
Una tarifa de transporte competitiva puede favorecer la actividad económica.
Pero el concesionario también deberá garantizar mantenimiento, ampliaciones, seguridad y capacidad operativa.
El precio más bajo no necesariamente representa la mejor oferta si no está acompañado por inversiones y solvencia técnica.
ACTIVOS POR DEUDA
El programa financiero del Gobierno explica la velocidad de estas operaciones.
Las necesidades estimadas para 2027 se acercan a los US$25.000 millones entre capital e intereses.
Para cubrirlas, Economía prevé recurrir a organismos internacionales, colocaciones en el mercado local y recursos provenientes de privatizaciones.
Solo AySA y las participaciones en las dos termoeléctricas podrían aportar, según las estimaciones oficiales, alrededor de US$1.100 millones.
A esa cifra se sumaría lo que eventualmente ingrese por Intercargo y por otras operaciones.
El cálculo parece sencillo:
el Estado vende activos.
Recibe dólares.
Y utiliza esos dólares para pagar deuda.
Pero existe una diferencia fundamental entre vender para financiar una inversión y vender para afrontar gastos o vencimientos.
Un activo se vende una sola vez.
La deuda puede volver a vencer.
Por eso, la importancia del programa no debería medirse únicamente por el dinero que ingrese durante los próximos meses.
La pregunta central es qué ocurre después.
EL PRECIO Y LAS CONDICIONES
El debate sobre las privatizaciones suele quedar atrapado entre dos posiciones automáticas.
Una afirma que toda empresa estatal debe conservarse.
La otra considera que toda empresa privada será necesariamente más eficiente.
La realidad exige un análisis más preciso.
Hay empresas públicas con problemas de gestión.
Déficits.
Interferencia política.
Falta de inversiones.
Exceso de personal.
Servicios deficientes.
También existen activos estratégicos, monopolios naturales y servicios esenciales que requieren regulaciones fuertes, cualquiera sea su propietario.
La discusión no debería reducirse a Estado contra mercado.
Debería responder preguntas concretas:
¿Cuánto vale realmente cada empresa?
¿Cómo se determinó ese valor?
¿Quiénes pueden competir?
¿Qué inversiones deberán realizar?
¿Cómo se protegerá a los usuarios?
¿Qué sucederá con los trabajadores?
¿Quién controlará los contratos?
¿Dónde se aplicará el dinero obtenido?
¿Y qué beneficio permanente conservará el país después de utilizar esos recursos?
UNA NUEVA ETAPA
El Gobierno ya avanzó con la venta de su participación en la empresa controlante de Transener y con nuevas concesiones de importantes represas del Comahue.
Ahora prepara una etapa más amplia.
Energía.
Agua.
Gas.
Aeropuertos.
Infraestructuras construidas durante décadas y vinculadas directamente con el funcionamiento de la economía.
La decisión política está tomada.
El Estado continuará reduciendo su participación empresaria y transfiriendo actividades al sector privado.
Lo que todavía falta conocer es el resultado de cada licitación.
Los compradores.
Los precios.
Las obligaciones.
Los mecanismos de control.
Y la capacidad del Estado para garantizar que la urgencia financiera no termine debilitando la negociación.
Porque obtener dólares puede aliviar los vencimientos más próximos.
Pero vender bien exige algo más.
Transparencia.
Competencia.
Regulación.
Inversiones verificables.
Y una explicación clara sobre qué recibe el país a cambio de desprenderse, durante años o definitivamente, de una parte de su patrimonio. |