El brutal incremento en las tarifas de energía eléctrica de la empresa distribuidora EDET ha puesto en jaque a miles de hogares tucumanos, registrándose facturas que duplican o incluso triplican los montos anteriores. La desesperación social quedó evidenciada recientemente con el caso de Ramón, un vecino de El Colmenar que se vio obligado a poner en venta su bicicleta por un valor de 60.000 pesos en redes sociales con el único fin de abonar la boleta de la luz y evitar el corte de servicio. Ante esta crítica realidad, el Dr. Miguel Paz, abogado de la ONG Consumidores Regionales, advirtió sobre el duro impacto que sufren las economías familiares de la provincia.
¿Un tarifazo legal pero ilegítimo?
Aunque los aumentos cuentan con el aval de resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación y del ente regulador provincial (ERSEPT), Paz cuestionó profundamente la validez ética del tarifazo bajo el actual escenario socioeconómico. El especialista diferenció la legalidad técnica de la justicia social, señalando: «¿Es legítimo?, creo que vendría a ser esa la gran pregunta en este contexto nacional donde el gobierno de Milei tiene frenado cualquier aumento tanto para jubilados, pensionados… y hay una liberación en cuanto a tarifas de servicios públicos».
El «kilo de energía» no encuentra techo
La desregulación del precio del kilovatio ha disparado el costo mayorista de manera exponencial. Según detalló el letrado, la tarifa que abonan los usuarios ha experimentado un salto sideral, pasando de costar 27 pesos subsidiados al término de la gestión anterior a costar 171 pesos en la actualidad. «El kilovatio, como siempre le comentamos a los que nos están escuchando… hoy está en 170 pesos y de ahí arranca lo que sería la facturación», explicó gráficamente Paz, alertando que se prevén nuevos incrementos en octubre y noviembre que llevarán el valor base hasta los 180 pesos.
La polémica respuesta oficial ante los reclamos
En medio de la ola de protestas, las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo generaron fuertes controversias al sugerir que los reclamos se deben a que la gente no sabe interpretar la factura de EDET. Para el Dr. Miguel Paz, esta postura oficial desliga de responsabilidades al Estado provincial frente al descontento de la población civil. «Nos está tirando el fardo a nosotros los usuarios», sentenció el referente de la ONG, reclamando una postura mucho más firme por parte de las autoridades y legisladores provinciales para defender el bolsillo del ciudadano tucumano frente al embate tarifario.