El Gobierno informó que recibió este martes dos ofertas concretas para avanzar con la privatización de Aysa, un proceso al que inicialmente habían mostrado interés 17 grupos empresariales. La gestión sostiene que la venta forma parte de la agenda de desinversiones y que el objetivo es recaudar alrededor de US$500 millones con la operación.
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Según el registro público en Contrat.Ar, sólo dos de los 17 postulantes presentaron sobres en esta etapa y ahora una comisión evaluadora revisará el cumplimiento de los requisitos del pliego. Los oferentes habilitados podrán, en una etapa posterior, presentar su oferta económica y el adjudicatario será el que proponga el mayor precio.
Ofertas y consorcios

Los dos consorcios que formalizaron propuestas son argentinos: Rowing-Arcos-Transclor-PHX, liderado por Rowing S.A., y Roggio ROAS S.A.U., junto a otras firmas. Fuentes oficiales remarcaron que por ahora se trata de la presentación técnica, y que la evaluación definirá quién queda en condiciones de competir en la ronda final de precios.

En principio la apertura de sobres había sido programada para fines de agosto, pero varias empresas pidieron prórroga para terminar la documentación. El Ejecutivo sostuvo que el proceso continúa y que la fase administrativa concluirá antes de habilitar la oferta económica, etapa en la que se conocerá la cifra que pagará el adjudicatario por el paquete accionarial.
Condiciones y etapas del proceso

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el avance y recordó condiciones clave: “El futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión de más de US$2000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado”. Esa exigencia formará parte del contrato de concesión.

En la privatización de Aysa el llamado contempla ofertas por el 90 por ciento del paquete accionario y, según el detalle oficial, la operación abarcaría el 51 por ciento de las acciones estatales en la compañía que presta servicios en la Ciudad y 26 municipios del AMBA, entre ellos La Matanza, Quilmes, Avellaneda y Tigre.

El decreto aprobado en abril fijó el contrato de concesión por 30 años, con opción a diez años más, y prevé una segunda etapa donde se colocaría 39 por ciento en bolsa mientras que el 10 por ciento restante quedaría para empleados. El Gobierno destacó que la operación es una de las privatizaciones listadas en la Ley Bases de 2024.