La Fiscalía notificó este viernes a exfuncionarios, autoridades de OSSE y a un representante de la empresa adjudicataria del proyecto. La medida se da mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en una obra millonaria que permanece inconclusa.

La investigación judicial por el Acueducto Gran Tulum sumó este viernes un nuevo capítulo con la notificación de once personas cuyos nombres quedaron incorporados al expediente que analiza posibles irregularidades en la planificación, adjudicación, ejecución y control de la megaobra.

La comunicación fue realizada por la UFI Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, luego de que el Ministerio Público Fiscal considerara que existen elementos para avanzar hacia una eventual audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria. Según informó la Fiscalía, la instancia permitirá determinar los hechos que se atribuirían a cada persona, su eventual grado de participación y las pruebas reunidas.

Entre los notificados aparecen exfuncionarios de la gestión de Sergio Uñac, incluso el mismo ex gobernador, autoridades que estuvieron al frente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) durante diferentes períodos, funcionarios técnicos y jurídicos vinculados con el proyecto, además de un representante de la empresa que tuvo a su cargo la provisión de los caños.
Los 11 nombres y su vínculo con el Acueducto Gran Tulum

Sergio Uñac: fue notificado por su desempeño como vicegobernador y posteriormente gobernador de San Juan durante el período en el que avanzó el proyecto del Acueducto Gran Tulum.

Julio César Ortiz Andino: ocupó el cargo de ministro de Infraestructura de San Juan entre 2015 y 2023, por lo que estuvo al frente del área provincial vinculada con la ejecución de grandes obras de infraestructura durante una parte sustancial del desarrollo del acueducto.

Gustavo Fabián Mastelono: figura como presidente y representante de Krah América Latina S.A., empresa adjudicataria vinculada al suministro de las tuberías utilizadas en el proyecto.

Sergio Fabián Ruiz: fue presidente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, durante una etapa en la que avanzó la ejecución del proyecto.

Cristian Felipe Andino: estuvo al frente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015, período en el que se produjeron las primeras etapas administrativas y de licitación relacionadas con el proyecto.

Juan Carlos Caparrós: ejerció la presidencia de OSSE entre febrero y diciembre de 2019, quedando vinculado al período de transición de la conducción de la empresa estatal mientras continuaba el desarrollo del acueducto.

Guillermo Nicolás Sirerol: fue presidente de OSSE desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2023, durante buena parte de la etapa de ejecución de la obra y de las situaciones que actualmente son analizadas por la Justicia.

Humberto Gonzalo Caballero: se desempeñó como jefe del Departamento Jurídico de OSSE, por lo que su participación está relacionada con el área legal de la empresa estatal.

Juan Antonio Sánchez: aparece identificado como funcionario de OSSE vinculado con la implementación del proyecto del Acueducto Gran Tulum.

Francisco José Javier Correa: cumplía funciones en OSSE como auditor técnico al momento de los hechos que son objeto de investigación.

Rolando Vicente Caruso: era jefe del Departamento de Proyectos de OSSE, área directamente relacionada con el desarrollo técnico y proyectual de la obra.

La causa comenzó a partir de una denuncia penal presentada por el abogado Marcelo Arancibia, luego de investigaciones periodísticas que pusieron bajo la lupa distintos aspectos del Acueducto Gran Tulum. Uno de los principales ejes del expediente está relacionado con las características y calidad de las cañerías utilizadas, además de las condiciones en las que se desarrolló la contratación.

Otro punto que forma parte de la pesquisa es el financiamiento internacional del proyecto. La obra recibió fondos provenientes, entre otros, de un préstamo de 100 millones de dólares de Kuwait, mientras que el acueducto permanece inconcluso y la Provincia afronta compromisos vinculados con ese financiamiento.

La Justicia también puso el foco sobre Krah América Latina S.A., empresa vinculada al suministro de las tuberías. La Fiscalía realizó medidas de prueba y allanamientos relacionados con la firma, mientras continúa analizando documentación y elementos informáticos secuestrados durante la investigación.

Por ahora, la notificación de los once nombres no significa que todos hayan sido formalmente imputados ni que la Justicia haya determinado responsabilidades penales. La propia Fiscalía señaló que los hechos, la calificación jurídica, el grado de participación que eventualmente pudiera corresponderle a cada persona y las evidencias serán expuestos en la audiencia de formalización.

De esta manera, la causa ingresa en una instancia decisiva: el Ministerio Público Fiscal deberá definir si los elementos reunidos permiten avanzar formalmente contra los involucrados o si corresponde adoptar otra determinación procesal.