La iniciativa contempla simplificar los coeficientes zonales, modificar cargos específicos y aplicar un mecanismo gradual para amortiguar el impacto en los hogares afectados.
El ERAS convocó a una audiencia pública para el 26 de octubre, donde se analizará la propuesta presentada por AySA para modificar los coeficientes zonales y actualizar el régimen tarifario del servicio de agua y cloacas.

La convocatoria quedó oficializada este jueves mediante la Resolución 41/2026 publicada en el Boletín Oficial. El encuentro comenzará a las 10 y se realizará de manera virtual, con transmisión en vivo a través del sitio web del organismo regulador.
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El planteo llega mientras avanza el proceso de privatización de la empresa, con dos consorcios en carrera por la concesión. En ese contexto, la compañía busca reformular un sistema que mantiene su estructura básica desde hace más de cuatro décadas.
El gobierno inició el proceso de privatización de AySA y fijó un plazo de ocho meses para concretar la venta de las acciones.
El gobierno inició el proceso de privatización de AySA y fijó un plazo de ocho meses para concretar la venta de las acciones.

Uno de los principales cambios consiste en reducir de 11 a 5 los coeficientes zonales para los usuarios del régimen no medido. Los valores actuales van de 1,10 a 3,50, mientras que la propuesta establece una nueva escala que oscilaría entre 0,75 y 2,75.

El esquema también contempla modificar el valor del metro cúbico para los desagües cloacales en el antiguo radio porteño, incluyendo el cobro correspondiente a la prestación de desagües pluviales. Además, se incorporarían tratamientos tarifarios diferenciados para asentamientos informales y barrios cerrados.
Cómo impactaría en las facturas

Según las proyecciones elaboradas por AySA con valores tarifarios de septiembre, el 20 por ciento de los usuarios residenciales tendría una baja promedio del 14,7 por ciento en su factura mensual sin impuestos. Otro 20 por ciento no tendría modificaciones, mientras que el 60 por ciento afrontaría incrementos, con una suba media del 22,6 por ciento.

En términos generales, la factura residencial promedio pasaría de $27.156 a $30.250 sin impuestos, lo que representa un aumento ponderado del 11,4 por ciento para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Para moderar el impacto inicial, la compañía propone aplicar un tope acumulativo del 5 por ciento mensual a los aumentos vinculados con los cargos zonales. A su vez, quienes dejen de integrar las zonas bajas perderían de manera progresiva el subsidio adicional del 15 por ciento, en tres etapas de igual proporción.