El Gobierno nacional concretó la privatización del 90 por ciento de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa proveedora de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, tras adjudicársela formalmente al consorcio ganador.
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La oferta ganadora y los detalles del consorcio

En el proceso de licitación publicado en el portal ContratAr, el consorcio liderado por la compañía de ingeniería Rowing presentó la propuesta más elevada por un total de US$340,2 millones, superando la oferta de US$285 millones realizada por el grupo Roggio. El monto final ofertado quedó por debajo de los US$500 millones que preveía recaudar inicialmente la administración de Javier Milei.

La concesión se estipuló por un plazo de 30 años, prorrogable por diez años adicionales, contemplando la transferencia inmediata del paquete accionario mayoritario y una futura oferta pública inicial del 39 por ciento en el mercado bursátil, conservando el 10 por ciento restante para los empleados.

El grupo empresario ganador se encuentra integrado por Rowing, la compañía brasileña Arcos Saneamento e Participações con una participación de hasta el 25 por ciento, y el fondo de inversión holandés PHX Aqua AR B.V. Asimismo, la operación sumó a Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Edenor y Metrogas, completando así una fuerte presencia en la provisión de servicios públicos esenciales en la región metropolitana.
La historia de AySA

AySA cuenta con la particularidad histórica de ser una empresa privatizada dos veces. La primera ocurrió en 1993, durante la gestión de Carlos Menem, cuando el servicio fue entregado a Aguas Argentinas, un consorcio liderado por la francesa Suez junto a Aguas de Barcelona y Vivendi.

Tras la devaluación de 2002 y con las tarifas congeladas, el vínculo se quebró en medio de reclamos cruzados por falta de inversiones, lo que derivó en el decreto de estatización firmado el 21 de marzo de 2006 por Néstor Kirchner y anunciado por Julio De Vido, con el fin de garantizar el acceso al agua potable como un bien público esencial.

Hoy, con esta reprivatización impulsada por la administración libertaria, el servicio que abastece a 14 millones de personas vuelve a manos privadas con el objetivo de operar la infraestructura sanitaria hasta el año 2056.