Las grandes mineras, los centros de datos y los proyectos de petróleo y gas tendrán nuevas exigencias para asegurarse la electricidad que necesitan.

La Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía creó el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM), que obliga a los emprendimientos con consumos de 80 megavatios (MW) o más a respaldar su demanda con nueva capacidad de generación.

En términos simples, las empresas que necesitan grandes cantidades de electricidad ya no podrán depender únicamente de comprar energía en el mercado: deberán garantizar una parte importante de su abastecimiento mediante contratos o generación propia.

La medida alcanza a actividades que requieren un suministro constante, como la minería de litio y cobre, los centros de datos que procesan información para servicios digitales e inteligencia artificial y los desarrollos de petróleo y gas.
Qué cambia para las grandes empresas

El objetivo del nuevo régimen es evitar que el crecimiento de los grandes proyectos comprometa el suministro eléctrico del resto de los usuarios.

Según Sebastián Álvarez, socio del estudio jurídico Brons & Salas, la norma busca proteger las reservas de energía y dar prioridad al abastecimiento de hogares, comercios y pequeñas y medianas empresas ante posibles situaciones de escasez.

Para lograrlo, el esquema establece tres exigencias principales.

La primera es que las empresas alcanzadas deberán respaldar, mediante contratos o generación propia, al menos el 80 por ciento de su consumo mensual con nueva infraestructura de generación eléctrica.
Para las iniciativas incluidas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la disponibilidad de energía y los contratos necesarios para garantizarla también deberán formar parte de la planificación financiera.
Para las iniciativas incluidas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la disponibilidad de energía y los contratos necesarios para garantizarla también deberán formar parte de la planificación financiera. — Noticias Argentinas

La segunda tiene que ver con la disponibilidad de energía cuando más se necesita. Los proyectos industriales y mineros deberán acreditar capacidad firme equivalente al 100 por ciento de su demanda máxima. En el caso de los centros de datos, la exigencia sube al 115 por ciento.

Esto significa que no alcanza con contratar electricidad: también deberán demostrar que cuentan con capacidad suficiente para responder a sus necesidades, incluso en momentos de alta demanda.

La tercera condición son las sanciones. Las empresas que consuman energía del mercado de corto plazo sin contar con el respaldo exigido podrán enfrentar recargos de entre el 50 por ciento y el 100 por ciento, además de aumentos de hasta el 400 por ciento en los cargos por potencia no respaldada.

También perderán prioridad de suministro en situaciones de escasez.
Más costos para los proyectos de inversión

El nuevo esquema también puede modificar los números de los emprendimientos que están en etapa de planificación. Para cumplir con las exigencias, las compañías podrían tener que firmar contratos de abastecimiento eléctrico de largo plazo o invertir en instalaciones propias de generación.

En ambos casos, se trata de costos que deberán contemplarse desde el inicio del proyecto y que pueden influir en su financiamiento y viabilidad económica.

La resolución establece, además, que las empresas con solicitudes de acceso a la red en trámite tendrán 60 días corridos para adecuar sus proyecciones de demanda a cinco años.

Para las iniciativas incluidas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la disponibilidad de energía y los contratos necesarios para garantizarla también deberán formar parte de la planificación financiera.

El cambio introduce una nueva condición para los grandes emprendimientos en Argentina: además de conseguir financiamiento, permisos e infraestructura, deberán demostrar cómo garantizarán la electricidad necesaria para operar sin comprometer el abastecimiento general.