El Gobierno nacional avanza con la privatización de AySA, la empresa que brinda servicios de agua potable y cloacas a la ciudad de Buenos Aires y a buena parte del conurbano. Su historia está marcada por sucesivos cambios de rumbo. En 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue privatizado y concesionado a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato y creó AySA, bajo control estatal. 20 años después, se impulsa nuevamente su privatización.

Otros contenidos para suscriptores

Durante estas dos décadas, las controversias estuvieron concentradas en las ineficiencias de la empresa, sus déficits y los cuantiosos recursos públicos destinados a sostenerla. Solo en 2023, AySA registró un déficit operativo de $ 117 mil millones, ubicándose entre las empresas públicas con mayores pérdidas. La privatización podría representar una oportunidad para mejorar la administración, aumentar las inversiones y reducir la dependencia de los subsidios. Sin embargo, estos resultados no están garantizados por el simple cambio de propietario.

Pero hay otro problema que ha recibido mucha menos atención. Durante años, el sostenimiento de AySA no solo implicó un elevado costo fiscal, sino que también generó una importante inequidad entre los habitantes de Buenos Aires y los del interior del país. Para entender por qué, es necesario mirar cómo se organizan y financian los servicios de agua y saneamiento en Argentina.
¿Por qué el interior también financió AySA?

En Argentina, la provisión de agua potable y cloacas es una responsabilidad que recae mayormente sobre las provincias y los municipios. Cada jurisdicción organiza la prestación a través de empresas públicas, privadas o cooperativas, y debe afrontar los costos de funcionamiento y las inversiones necesarias para ampliar la cobertura. Sin embargo, existe una excepción importante: en la ciudad de Buenos Aires y en buena parte del conurbano, históricamente el servicio estuvo bajo responsabilidad de la Nación.

Más notas de Idesa

Esta diferencia no es menor en un país que todavía presenta enormes déficits de infraestructura. Apenas el 85 por ciento de los hogares tienen acceso a agua de red y el 61 por ciento cuenta con cloacas. Además, las desigualdades territoriales son marcadas. Mientras que en Caba la cobertura de ambos servicios es prácticamente universal, en el conurbano alcanza al 73 por ciento en agua y al 55 por ciento en cloacas. En el interior, los porcentajes son del 89 por ciento y el 59 por ciento, respectivamente.

Pese a que las necesidades de inversión están presentes en todo el país, el esquema de financiamiento ha sido muy diferente. Durante los 20 años de gestión estatal de AySA, las tarifas no alcanzaron para cubrir los costos de la empresa, y la Nación compensó los déficits mediante subsidios financiados con impuestos nacionales. De esta manera, los habitantes del interior no solo tuvieron que sostener sus propios servicios de agua y saneamiento, sino que también contribuyeron a financiar los de Buenos Aires.

La magnitud de esta transferencia es considerable. Según datos de Asap y del Ministerio de Economía, entre 2006 y 2025 la Nación destinó a AySA subsidios que, sumados a lo largo del período, equivalen al 2 por ciento del PIB. En esos mismos años, las provincias y los municipios del interior asignaron a sus propios servicios de agua y cloacas recursos equivalentes al 5,8 por ciento del PIB. Es decir, los subsidios nacionales a AySA representaron aproximadamente el 35 por ciento de todo lo que el interior destinó a la misma finalidad.

Esta comparación deja en evidencia una asimetría difícil de justificar. Mientras los gobiernos locales del interior debieron financiar sus propios servicios, la Nación destinó importantes recursos para sostener los del Amba. Esto resulta especialmente cuestionable en el caso de Caba, la jurisdicción con mayores ingresos del país. Pero también respecto del conurbano, ya que existen numerosas localidades del interior con niveles de pobreza y carencias de infraestructura similares o incluso mayores, que no reciben el mismo tratamiento.

El problema, por lo tanto, no es que Buenos Aires necesite inversiones en agua y saneamiento. Es que esas necesidades se financien con recursos nacionales, mientras las del resto del país deben ser atendidas principalmente por los gobiernos locales.
Una oportunidad para ordenar el federalismo

El caso de AySA refleja un problema más amplio del federalismo argentino: la falta de una distribución clara de responsabilidades entre la Nación, las provincias y los municipios. Cuando el Gobierno nacional asume funciones que corresponden a determinadas jurisdicciones, se generan superposiciones, se diluyen las responsabilidades y aparecen diferencias de trato entre regiones.

Por eso, la discusión sobre AySA no debería agotarse en su privatización. Aunque una nueva administración logre mejorar la eficiencia y reducir los subsidios, seguirá pendiente una cuestión institucional: ¿por qué la Nación debe continuar regulando y controlando un servicio que beneficia exclusivamente a los habitantes de Caba y de una parte de la provincia de Buenos Aires?

Una reforma más profunda debería contemplar que ambos gobiernos asuman esas responsabilidades, estableciendo los mecanismos de coordinación necesarios. Esto permitiría avanzar hacia un esquema en el que cada jurisdicción responda por la calidad, los costos y el financiamiento de los servicios que reciben sus habitantes.

La experiencia de AySA muestra la necesidad de revisar el funcionamiento del federalismo argentino. Para ello, resulta fundamental avanzar hacia un acuerdo de coordinación fiscal que ordene las responsabilidades de cada nivel de gobierno y establezca una distribución más transparente de los recursos.

El desafío no es solamente resolver los problemas de AySA, sino evitar que vuelvan a reproducirse las mismas inequidades. Cambiar quién administra la empresa puede modificar su funcionamiento, pero corregir las distorsiones federales requiere también revisar quién tiene la responsabilidad de financiar, regular y controlar el servicio.