La inflación general acumuló una suba de 23,6 por ciento en los primeros 9 meses del año, pero los gastos vinculados a los servicios públicos y hogareños avanzaron a un ritmo mayor. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la canasta de servicios públicos aumentó 46,3 por ciento en los primeros nueve meses de 2026, casi el doble que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Indec. La diferencia de velocidades presiona sobre el ingreso disponible de los hogares, que cada vez usan una porción mayor de los ingresos en gastos fijos.

La diferencia condensa una de las tensiones centrales del programa económico de Javier Milei. El Gobierno recibió en diciembre de 2023 un esquema de tarifas con subsidios elevados y precios relativos distorsionados. La reducción de esas transferencias y el traslado de una mayor proporción de los costos hacia los usuarios forman parte del plan de ordenamiento fiscal, pero su efecto se expresa en aumentos que todavía superan a la inflación promedio.

La canasta elaborada por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, incluye electricidad, gas natural, agua potable y transporte público para un hogar tipo del AMBA sin subsidios. En septiembre, ese conjunto de gastos llegó a $ 268.405 mensuales, equivalente al 14,6 por ciento de un salario promedio registrado estimado por el organismo.

Los datos nacionales del Indec muestran la misma tendencia, aunque con una cobertura más amplia. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló una suba de 35,6 por ciento hasta septiembre, 12 puntos porcentuales por encima del 23,6 por ciento que registró el IPC general.
Gráfico de cuatro barras con datos de inflación general y servicios públicos, destacando un valor máximo de 46,3 por ciento en rojo

Los hogares del AMBA abonan en promedio el 54 por ciento del costo de los servicios públicos, mientras que el Estado financia la diferencia restante.

En la comparación interanual, esa división aumentó 49,1 por ciento, frente a una inflación de 33,4 por ciento. La brecha fue de 15,7 puntos. En septiembre, además, Vivienda tuvo el mayor aumento entre las divisiones del índice, con una variación de 3,1 por ciento, por encima del 1,9 por ciento del nivel general.

La categoría de precios regulados también corrió por encima del promedio: avanzó 31,5 por ciento en los primeros nueve meses del año y 43,3 por ciento en doce meses. En ambos casos, superó el ritmo del índice general.

Sin embargo, ninguno de esos indicadores equivale en forma exacta a una medición de tarifas. La división Vivienda incorpora alquileres, expensas, mantenimiento y reparaciones, además de gas, electricidad y agua. Regulados, por su parte, también reúne precios de prepagas, transporte, educación formal, telefonía, correo, combustibles y cigarrillos.

La medición del IIEP permite aislar con mayor precisión el gasto de los hogares en servicios públicos. Entre diciembre y septiembre, la canasta del AMBA subió 46,3 por ciento, contra el 23,6 por ciento del IPC. La diferencia fue de 22,7 puntos porcentuales, o dicho de otro modo, el aumento de esos gastos resultó 96 por ciento superior a la inflación general.

La distancia se mantuvo en la comparación interanual. La canasta subió 55 por ciento frente al 33,4 por ciento del IPC, una brecha de 21,6 puntos. El indicador está construido para un hogar sin subsidios, por lo que no puede extenderse de manera automática al conjunto de la población, aunque expone el impacto de la recomposición sobre quienes pagan tarifas plenas.

El transporte fue el principal motor de ese encarecimiento. En los primeros nueve meses del año acumuló una suba de 52,3 por ciento y, en doce meses, aumentó 70 por ciento. Según el informe, explicó 30 de los 55 puntos del incremento interanual de toda la canasta.
Gráfico de barras horizontales con porcentajes de variación interanual en servicios públicos, liderado por el transporte con un 70 por ciento

La reducción de subsidios a los servicios básicos forma parte de las medidas oficiales para alcanzar el ordenamiento fiscal.

El agua acumuló un avance de 31,3 por ciento en el año; la electricidad, de 11,1 por ciento; y el gas natural, de 114,9 por ciento. La trayectoria de este último rubro está atravesada por la estacionalidad del consumo y por los cambios en los cuadros tarifarios y las bonificaciones.

La canasta de servicios públicos del AMBA bajó 7,3 por ciento en septiembre frente a agosto. Ese dato, sin embargo, no implicó una reducción de las tarifas. El descenso respondió principalmente a una menor demanda de gas y electricidad luego de los meses de invierno.

Durante septiembre, el cargo fijo del gas aumentó 1,9 por ciento y el componente variable subió 1 por ciento. En electricidad, el cargo fijo avanzó 1,7 por ciento, mientras que el componente variable para usuarios sin subsidio bajó 0,8 por ciento. A la vez, el gasto en transporte aumentó 2,4 por ciento y el componente variable del agua registró un alza de 2,4 por ciento.

La caída del consumo energético fue suficiente para reducir el valor final de las facturas de gas y electricidad, pese a los ajustes en los cuadros tarifarios. Por eso, la evolución mensual de la canasta puede diferir de la dinámica de las tarifas: mide gasto efectivo y combina precios con cantidades consumidas.

El nivel de subsidios todavía muestra que el proceso no terminó. Según el IIEP, los hogares del AMBA cubren en promedio el 54 por ciento de los costos de la canasta de servicios públicos y el Estado absorbe el 46 por ciento restante. La proporción cambia según el rubro: el agua tiene una cobertura de 100 por ciento, mientras que la electricidad llega a 58 por ciento, el gas a 57 por ciento y el transporte a 35 por ciento.