El predio, ubicado camino a Punta Loyola, pertenece a la Municipalidad que conduce Pablo Grasso y tiene como empresa operadora a Nueva Santa Cruz. Según informó el organismo provincial, los requerimientos administrativos y técnicos dirigidos a ambas partes no fueron respondidos en su totalidad.

Procopio explicó que el proyecto original contó con la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental. Posteriormente, se solicitó una Auditoría Ambiental de Cumplimiento para comprobar si las obras y las condiciones de operación se ajustaban a lo establecido.

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De acuerdo con Ambiente, esa documentación continúa pendiente y resulta necesaria para verificar aspectos centrales del funcionamiento del relleno.

Durante las inspecciones, el organismo informó haber detectado deficiencias relacionadas con la disponibilidad de maquinaria, una dotación reducida de personal, la ausencia de una balanza para registrar los ingresos y problemas en el recinto destinado a residuos peligrosos.

También planteó interrogantes sobre la colocación de la geomembrana que debe impermeabilizar las celdas. La falta de documentación técnica actualizada, indicó Procopio, impide verificar su cumplimiento. Esta observación no confirma por sí misma la existencia de filtraciones, sino que señala un aspecto pendiente de comprobación.

La situación también preocupa a productores de la zona. Javier Álvarez Bento, administrador de la estancia Punta Loyola, denunció públicamente la presencia de plásticos dispersos en los campos y advirtió sobre posibles consecuencias para la alimentación del ganado.

Según su planteo, la fragmentación de esos materiales podría facilitar su incorporación a la vegetación que consumen los animales. Además, señaló una pérdida de superficie aprovechable y dificultades para sostener la actividad rural en los sectores afectados.

La Secretaría de Ambiente detalló que realizó cuatro inspecciones: el 17 de diciembre de 2025 y el 5 de marzo, el 7 de abril y el 16 de octubre de 2026. En esas visitas se labraron actas y se solicitaron precisiones sobre la capacidad de las celdas, la impermeabilización, el manejo de lixiviados y biogás, la maquinaria y el contrato entre el Municipio y la operadora.

En paralelo, continúa abierta la problemática del antiguo vaciadero de la calle José Ingenieros, cuyo cierre era uno de los objetivos asociados al nuevo relleno. Según la información provincial, ambos espacios siguen utilizándose.

Por el funcionamiento del vaciadero urbano, Ambiente y Fiscalía de Estado impulsaron actuaciones ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N.º 2. Productores rurales también presentaron una acción de amparo ante ese tribunal, con una audiencia prevista para el miércoles.

Aunque se trata de actuaciones diferentes, los expedientes y reclamos tienen como eje la gestión de los residuos de Río Gallegos. Mientras siguen los controles y las intervenciones judiciales, permanecen pendientes la documentación ambiental solicitada y la respuesta a las deficiencias señaladas por el organismo provincial.