La audiencia de formalización por la causa del Acueducto Gran Tulum se reanudó este miércoles 11 de noviembre en el Palacio de Tribunales de San Juan, con la presencia de los investigados. La nueva jornada comenzó después del cuarto intermedio dispuesto el martes por la jueza de Garantías Mónica Lucero, quien interrumpió la exposición de la Fiscalía y pidió mayor precisión sobre las conductas atribuidas a cada uno de los once involucrados.

La audiencia se retomó en la Sala 9 del edificio judicial, donde el fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, debe continuar con la exposición de los hechos investigados. Entre las personas alcanzadas por la causa se encuentran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, exautoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y particulares vinculados con las contrataciones de la obra.

La continuidad de la audiencia representa un nuevo avance en el proceso judicial, que ya había sufrido una postergación el pasado 14 de octubre por las ausencias de Uñac y Andino. Ambos legisladores se presentaron el martes 10 de noviembre, cuando finalmente comenzó la exposición de los hechos investigados.
Por qué la jueza interrumpió la audiencia

La primera jornada estuvo marcada por las observaciones de la jueza Lucero a la presentación del Ministerio Público Fiscal. Durante la exposición, el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi reconstruyó los antecedentes de la obra, los procedimientos de contratación y las presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de cañerías.

Sin embargo, la magistrada cuestionó la extensión de la lectura y reclamó que la Fiscalía individualizara con mayor claridad las conductas que atribuye a cada uno de los investigados.

“Si usted dejara de leer, sería tanto más claro, fiscal”, le señaló Lucero al representante del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia.

Ante esta situación, la jueza dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles para que la acusación reorganizara su exposición y continuara con la presentación de los hechos bajo los criterios de oralidad que rigen el proceso penal.
Las sospechas sobre la contratación de Krah

Durante la jornada del martes, la Fiscalía también expuso parte de su hipótesis sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de cañerías para el Acueducto Gran Tulum.

Según la acusación, se habrían modificado o flexibilizado requisitos técnicos de los pliegos de contratación para favorecer a la empresa Krah América Latina, vinculada con la provisión de materiales para el proyecto.

Los investigadores buscan determinar si existieron cambios en las condiciones de contratación, irregularidades en los precios y decisiones administrativas que pudieran haber beneficiado a determinados proveedores.

Estas circunstancias forman parte de la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y deberán ser acreditadas durante la investigación.
Una causa que involucra a once personas

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia y alcanza a once personas, entre exfuncionarios provinciales, exautoridades de OSSE y particulares vinculados con la obra.

En la jornada del martes, el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino no estuvo presente debido a un viaje al exterior que había comunicado previamente. Su defensa había solicitado participar de manera virtual o, en su defecto, una nueva postergación, pero la audiencia pudo comenzar.

En la investigación también interviene el fiscal Francisco Pizarro, aunque actualmente no participa de las audiencias de formalización.

Con la reanudación de este miércoles, el Ministerio Público Fiscal debe continuar con la descripción de los hechos y precisar las conductas que atribuye a cada uno de los investigados, una exigencia central para avanzar con la formalización de la investigación penal preparatoria.

Esta instancia no constituye un juicio ni implica una declaración de culpabilidad. Su objetivo es delimitar los hechos bajo investigación y permitir que las personas involucradas conozcan formalmente las acusaciones que se les atribuyen.