El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad de Buenos Aires, fundaciones y asociaciones vecinales denunciaron al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar los derechos de los vecinos afectados por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El mandatario sufrió una merma en el respaldo popular.
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El MPD, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Asociación Vecinos de la Boca (AVLB) y la Fundación T.E.M.A.S apuntaron contra la decisión de la Corte Suprema de cerrar la supervisión de la "Causa Mendoza".

Esa sentencia colectiva, dictada por el máximo tribunal en 2008, ordenaba a la Ciudad, a la provincia de Buenos Aires, al Estado Nacional y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) reparar los daños ocasionados por la contaminación a la salud y a la integridad personal de las familias que viven a la vera del Riachuelo.

La denuncia señala que en octubre de 2024, tras 16 años de intervención, la Corte "decidió dar por culminada su intervención y abandonar el seguimiento de la ejecución de su propia sentencia, sin tener en cuenta los incumplimientos por parte del Estado para garantizar el derecho a vidas dignas de los afectados".

El máximo tribunal entendió que su rol culminó con la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), pero el MPD y las organizaciones argumentan que la decisión se tomó "sin ninguna consulta a las partes involucradas".
La denuncia remarca que los trabajos en la cuenca están

La denuncia remarca que los trabajos en la cuenca están "incompletos".
@AlertasTransito

Según indica la presentación, ACUMAR reconoce que esta decisión se toma cuando la ejecución de las soluciones habitacionales solo alcanza al 42 por ciento de las familias, están pendientes las relocalizaciones necesarias para construir el camino de sirga y quedan incompletos casi la totalidad de los arreglos, mejoramientos definitivos y urbanizaciones.

Tampoco se ha puesto en marcha aún el Sistema Riachuelo, una obra considerada imprescindible para tratar los residuos orgánicos que contaminan el Riachuelo y para brindar un adecuado servicio de agua y cloaca al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense.

Solo en CABA, se estima que todavía falta brindar soluciones habitacionales a más de 700 familias de la Villa 21-24, otras 150 del barrio Lamadrid y un número indeterminado de los barrios Magaldi, Luján y El Pueblito. En la Provincia tampoco se cumple con los parámetros de calidad de agua y la cobertura de la red cloacal es de apenas el 56 por ciento.

La denuncia remarca que al fallo de la Corte se suman las últimas medidas del Gobierno nacional que desfinancian a los organismos encargados de llevar adelante las políticas necesarias (ACUMAR, la Secretaria de Vivienda del Gobierno Nacional y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y AYSA).

La presentación pide que se continúe con las políticas ordenadas en la sentencia de 2008 y que la CIDH adopte medidas cautelares para obligar al Estado a garantizar y proteger de inmediato la salud de los habitantes de la cuenca.