El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este miércoles un convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia con la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM S.A.U.P.E.) para la promoción de la reinserción laboral de personas privadas de libertad y el fomento de su desarrollo de habilidades.
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El acuerdo fue establecido mediante el decreto 1773, y busca contribuir a una mejor comprensión de la población carcelaria y su impacto en la seguridad pública, al mismo tiempo que ofrece a los internos herramientas para una integración social y laboral efectiva.

A su vez, el Ejecutivo considera una estrategia para transformar el "ocio improductivo" en actividades que beneficien tanto a los individuos como al Servicio Penitenciario.

Según los fundamentos del decreto, la Unidad de Producción Penitenciaria tendrá un rol central en este programa. Su función es capacitar a los internos en distintos oficios, elaborar y comercializar productos y servicios, y generar beneficios que impacten tanto en la reinserción social como en la comunidad.

El documento sostiene que la iniciativa busca reducir los índices de reincidencia, aportando herramientas laborales que permitan a los internos reconstruir un proyecto de vida una vez cumplida su condena.
Puntos claves del convenio

Cooperación Recíproca: ambas partes se comprometen a una colaboración mutua que incluye el intercambio de información y la cooperación interinstitucional. Esta cooperación se centrará en el desarrollo de capacidades y la reducción de la reincidencia a través de actividades educativas, talleres y cursos de capacitación.
Participación Económica de STM: STM contribuirá activamente al adquirir productos y servicios elaborados por las personas privadas de libertad. Esta producción será gestionada por la Unidad de Producción Penitenciaria. El objetivo es generar un potencial económico y asegurar la eficiencia en la elaboración de bienes y servicios.
Adquisición de Productos y Servicios: la compra de estos bienes y servicios por parte de STM se realizará a través de la Unidad de Producción Penitenciaria, con base en la disponibilidad y los precios establecidos.
Vigencia y Formalización: el acuerdo tiene una validez mínima de tres años, que podrá ser prorrogada por mutuo consentimiento de las partes. Los aspectos administrativos y financieros relacionados con proyectos específicos se detallarán en anexos posteriores al "Acuerdo".