Página 12 10-12-2025 La Legislatura de Mendoza dio este martes un paso que complica la relación entre minería y ambiente en la provincia. Tras un extenso (e intenso) debate, el Senado aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, un emprendimiento de explotación de cobre. Con mayoría oficialista y un fuerte operativo de seguridad en las calles, el gobierno de Alfredo Cornejo logró avanzar con un proyecto cuestionado por sus riesgos sobre los recursos hídricos.

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La iniciativa prevé extraer cobre en Uspallata con una inversión estimada en 560 millones de dólares. Para las organizaciones sociales y ambientales, la decisión refleja una priorización de los intereses empresariales por sobre la protección de la cuenca del Río Mendoza, en medio de una crisis hídrica que afecta a toda la provincia.
El agua, eje del conflicto

El debate legislativo, que comenzó pasadas las 10 de la mañana, mostró profundas divisiones. Los senadores de Cornejo defendieron el proyecto, presentándolo como un “hito productivo” y una oportunidad para posicionar a Mendoza en el mapa minero. En esa línea, cuestionaron los informes emitidos por la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación.

Por su parte, Félix González (PJ) advirtió que la decisión, cuya aprobación se daba por adelantada, “se va a judicializar”. Desde el Partido Verde, Dugar Chappel remarcó que la experiencia de otras provincias mineras demuestra que la explotación no garantiza desarrollo local: “Salta y Jujuy son mineras y su pobreza no bajó. ¿Qué queda para Mendoza?”.

Aunque el gobierno asegura que el 90 por ciento del agua se recirculará en circuito cerrado, las organizaciones socioambientales sostienen que los controles son insuficientes y que el proyecto podría afectar de manera irreversible la cuenca del Río Mendoza.
Protestas y tensión social

Mientras los senadores debatían, miles de personas se movilizaron desde Uspallata y el Valle de Uco hasta Plaza Independencia.
Manifestantes llegan al centro de Mendoza Redes sociales: Myriam Bregman (@myriambregman) (Redes Sociales)

Con pancartas y cánticos que advertían “El agua no se negocia”, los manifestantes denunciaron la aprobación de un emprendimiento que consideran un riesgo ambiental y social. La policía mantuvo bloqueos y un fuerte operativo para controlar el tránsito y evitar incidentes.
Qué sigue

Con la ratificación legislativa, solo resta la promulgación del Ejecutivo para iniciar la ingeniería de detalle y, más adelante, la construcción de la mina, que podría extenderse hasta 2027.

Mientras el gobierno celebra un logro político, las asambleas ambientales ya anuncian nuevas movilizaciones. Mendoza enfrenta nuevamente el choque entre los intereses empresariales y la protección de sus recursos naturales, sin que se vislumbre una solución que priorice el cuidado del agua.