Telesol Diario 11-12-2025 El Fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, confirmó que su organismo está listo para sumarse como querellante en la causa derivada de la denuncia penal presentada por el abogado Marcelo Arancibia. Esta denuncia se basa en investigaciones periodísticas que revelan posibles irregularidades en el Acueducto Gran Tulum y sospechas de delitos relacionados con la empresa Krah América Latina SA, vinculada a un familiar directo del ex gobernador Sergio Uñac.

La relevancia del tema creció luego de que se dieran a conocer advertencias técnicas ignoradas, supuestos sobreprecios millonarios y relaciones societarias entre funcionarios provinciales y la empresa proveedora de las tuberías.

En entrevista con Radio Sarmiento, Dávila aclaró el rol que desempeñará la Fiscalía de Estado si la Justicia encuentra elementos suficientes: "Si se verifican y corroboran las revelaciones hechas, aunque no esté totalmente demostrado, ante la sospecha de posibles delitos que afecten el patrimonio estatal, deberemos constituirnos como querellantes".

El funcionario indicó que la acción del organismo no requiere pruebas completas, sino sospechas razonables para proteger el Estado. Añadió que realizarán aportes con "medios de prueba, pedidos de informes y distintas medidas que puedan creerse oportunas", complementando la labor del Ministerio Público Fiscal, encargado de la investigación.

Dávila explicó que la Fiscalía de Estado no tiene facultades investigativas propias, por lo cual su participación no será automática y dependerá del avance del Ministerio Público Fiscal. Reconoció que el estudio de los hechos será complejo: "No es una denuncia de sencilla resolución; va a llevar un cierto tiempo para su estudio y merituación".

Si se avanza en la participación, será una intervención inédita: "No recuerdo una investigación penal por temas de corrupción en la que la Fiscalía de Estado haya actuado como querellante en San Juan".

Para el Fiscal, este rol no reemplaza al Ministerio Público, sino que lo complementa aportando "otros ojos, otra mirada, desde la perspectiva del afectado directo: el Estado provincial". Su objetivo es contribuir a que se establezca la verdad y determinar si la provincia fue perjudicada en esta obra estratégica y costosa.

Mientras la investigación sigue en la justicia, la decisión del Fiscal de Estado marca un hecho institucional significativo para la defensa del patrimonio público en San Juan.