Energía y Transporte 20-01-2026 La privatización de Transener es una partida de ajedrez con el tablero inclinado. El Gobierno anunció la venta de su participación por USD 200 millones y la acción se desplomó más de un 20 por ciento, en un sospechoso movimiento bursátil.

La secuencia fue directa: anuncio oficial, caída bursátil y confirmación de un precio vil. Según el balance de la empresa, la valuación ronda los USD 320 millones. El Estado vende con un descuento cercano al 40 por ciento. El perdedor es obvio. El ganador es un comprador incógnito que entra con ventaja.

Hubo lectura política del negocio. Apareció la hipótesis del economista Hernán Letcher quien sostuvo que el apagón masivo del AMBA no habría sido responsabilidad de Edenor, sino de Transener. "La pregunta es inevitable: ¿por qué Edenor salió a asumir la culpa? ¿Por qué se corre del centro a la transportista justo cuando se la quiere privatizar?" posteo Letcher.

La respuesta que circula en el sector es lineal. Ocultar o diluir protege el proceso de venta. Más aún cuando el Estado acaba de anunciar que se desprende de su participación a un valor muy inferior al patrimonial.

Antes de ese anuncio, el Gobierno cerró un acuerdo clave con Pampa Energía, el grupo de Marcelo Mindlin, accionista privado de la empresa. Pampa se comprometió a no bloquear la privatización, a no judicializarla ni demorarla usando su peso societario. Sin aval, la operación podía quedar trabada durante años.

El contenido del pacto es lo que genera suspicacias. Pampa aceptó que el Estado venda primero y ordene el proceso. No exigió precio mínimo ni condiciones económicas. En los hechos, acompañó una venta subvaluada. En el mercado hay una regla básica: ningún accionista resigna valor sin esperar algo a cambio.

La historia de Transener explica por qué los interesados son pocos y conocidos. La concesión original se otorgó en los 90, durante el gobierno de Carlos Menem, a un consorcio integrado por National Grid y el grupo Pérez Companc. Tras la crisis de 2001, ya bajo la transición de Eduardo Duhalde, Pampa Energía compró el 50 por ciento que estaba en manos de los británicos. El otro 50 por ciento quedó en manos de Petrobras, que había adquirido Pecom.

En 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la petrolera brasileña fue obligada a desprenderse de esos activos. Allí ingresaron Enarsa y Electroingeniería, que por unos USD 54 millones se quedaron con la mitad de Citelec en sociedad con Pampa.

En 2016, el entonces ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, bloqueó el traspaso del 25 por ciento de Citelec que estaba en manos de Electroingeniería al Banco Macro, del grupo Brito, con el compromiso de una privatización posterior que nunca se concretó.

Ahora, bajo el gobierno de Javier Milei y con Luis Caputo al frente de la economía, el Estado vuelve a salir, otra vez a precio bajo.

La subasta exige un patrimonio neto mínimo de USD 500 millones y prohíbe revender la participación por tres años. El cerco es estrecho. Por eso, en el sector no hay misterio sobre los pretendientes. Los nombres que sobreviven son los de siempre: Mindlin, el grupo Pérez Companc y Jorge Brito. Pocos jugadores, un activo estratégico y un precio deprimido.

Fuente: LPO