Diario Junio 23-04-2026 El contrato —de 11 páginas, 19 cláusulas y dos anexos— establece que la empresa estará a cargo de la recolección, traslado y disposición final de residuos, incluyendo tanto residuos embolsados como sueltos en la vía pública y el sistema contenerizado.

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El contrato entre el municipio y la empresa cordobesa se rubricó el mismo día que el Concejo Deliberante -con votos del oficialismo y la LLA- aprobó una Emergencia Ambiental sobre tablas

En cuanto al costo, se fija un valor inicial de $250 millones mensuales (IVA incluido), con una cláusula de redeterminación trimestral. El ajuste se calcula en base a una combinación de variables: salarios del convenio de Camioneros, el Índice de Precios Mayoristas y el precio de combustibles premium según la estación de servicio YPF de calle Catamarca.

El acuerdo también define una vigencia inicial de seis meses, prorrogable automáticamente por otro período igual. Es decir, salvo que alguna de las partes lo impida, VITSA podría mantenerse al menos un año prestando el servicio bajo contratación directa.

Entre los puntos más llamativos aparece la cláusula décimo cuarta que introduce un compromiso de confidencialidad que, si bien no es inusual en contratos de servicios, adquiere un matiz particular tratándose de un servicio público. El texto establece que ambas partes deberán resguardar toda información obtenida durante la ejecución del convenio —incluyendo documentación, datos operativos y especialmente información sensible o personal—, con una obligación que se extiende incluso hasta cinco años después de finalizado el contrato. En términos generales, este tipo de cláusulas son habituales para proteger datos sensibles o aspectos técnicos, pero en este caso resulta llamativa la amplitud del alcance y su duración, sobre todo porque involucra a un municipio que debe estar regido por principios de publicidad y transparencia.

El convenio también detalla los recursos mínimos comprometidos por la empresa: apenas 22 trabajadores —entre choferes, operarios, mecánicos y supervisores— y un equipamiento que incluye tres camiones recolectores, una unidad de supervisión y otra de mantenimiento, para cubrir ocho zonas de la ciudad.

Pero el punto más crítico sigue siendo que, tal como informó este medio, la empresa opera hace un mes y no estaría formalmente habilitada y por tanto no figura inscripta como contribuyente en la Tasa Comercial municipal.

Es decir que -por lo menos hasta el domingo pasado cuando este medio informó al respecto-, la firma no cumple con requisitos básicos que se le exigen a cualquier contribuyente. En cualquier otro caso, esto derivaría en clausuras o sanciones. Aquí, en cambio, se trata de una empresa contratada por el Estado local, lo que agrava la irregularidad.

El cuadro se completa con el Decreto N° 246/2026, que redistribuye al personal municipal que antes realizaba estas tareas. Con la firma del intendente Francisco Azcué se dispone la desafectación del personal de la Dirección de Recolección de Residuos y su reasignación a distintas áreas del municipio, en función de nuevas necesidades operativas derivadas de la concesión.

El texto dice que no se trata —al menos en lo formal— de un ajuste laboral: establece explícitamente que la medida no modifica la situación de revista, la categoría escalafonaria, la antigüedad ni el salario de los agentes alcanzados. Es decir, los trabajadores mantienen sus condiciones laborales, pero cambian de funciones y de lugar dentro de la estructura municipal.