La Tecla 24-04-2026 Los niveles de arsénico en el agua de red de Azul quedaron en el centro de la escena tras una denuncia judicial que advierte sobre un riesgo sanitario extendido en toda la población. La presentación alerta por una posible vulneración del derecho al acceso a agua potable segura y por sus consecuencias en la salud pública.

De acuerdo con lo expuesto, los valores detectados superarían ampliamente los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino, que fijan un máximo de 0,01 mg/L. Sin embargo, el suministro local se regiría por una normativa provincial más antigua, que permite niveles más elevados.

Este desfasaje normativo implicaría que la población habría estado expuesta durante años a concentraciones de arsénico que triplican los límites considerados seguros. La denuncia también señala que no se habrían implementado medidas eficaces y sostenidas para revertir esta situación.

Además, se advierte sobre la falta de información clara y accesible para los vecinos respecto de los riesgos del consumo de agua en estas condiciones. En ese sentido, se cuestiona la ausencia de políticas preventivas y de acciones concretas para reducir el impacto sanitario.

Desde el punto de vista médico, la exposición prolongada al arsénico está asociada a múltiples enfermedades, como trastornos gastrointestinales, afecciones renales y tiroideas, problemas cardiovasculares y un mayor riesgo de cáncer. También puede generar efectos en niños, como dificultades cognitivas y alteraciones en el desarrollo.

La problemática no se limita al consumo directo de agua, sino que también se extiende al uso cotidiano, como la cocción de alimentos, la ingesta de bebidas y la higiene personal, lo que amplía el nivel de exposición de la población.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Estado por el médico pediatra Néstor Nasello, quien sostuvo que actúa en su doble rol de ciudadano y profesional de la salud. En el escrito, pidió investigar a la CEAL y a las autoridades municipales, además de ordenar pericias independientes y medidas urgentes para garantizar un suministro seguro.

El caso se enmarca en una problemática más amplia en la provincia de Buenos Aires. En distritos como Lobos y Roque Pérez, la Justicia ya intervino ante situaciones similares, ordenando la provisión de agua potable, aunque las soluciones implementadas fueron cuestionadas por su alcance.