Info Cronos 29-05-2026 La recolección de residuos se consolidó en 2026 como uno de los negocios más sensibles y costosos de la provincia de Buenos Aires, donde intendentes, empresas privadas y gremios disputan el control de contratos multimillonarios que absorben hasta el 20 por ciento de algunos presupuestos municipales, en medio de crecientes tensiones por la municipalización de servicios y el impacto económico que genera la gestión de la basura en los distritos bonaerenses.

El volumen de dinero que mueve el sistema explica buena parte de las disputas políticas y sindicales. Según estadísticas oficiales del CEAMSE, durante el primer trimestre de 2026 ingresaron más de 1,6 millones de toneladas de residuos provenientes de municipios y empresas privadas del Área Metropolitana de Buenos Aires, una cifra que refleja la magnitud económica de una actividad clave para el funcionamiento urbano y para las cuentas públicas de los gobiernos locales.

En la provincia sobresalen empresas como Covelia, Ashira y ESUR, firmas que desde hace años concentran buena parte de las concesiones en municipios del Conurbano y del Interior bonaerense. Varias de ellas quedaron históricamente vinculadas al poder del Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo y Pablo Moyano, que mantiene una fuerte influencia sobre el sector de la recolección y suele intervenir cada vez que aparecen intentos de municipalizar el servicio o revisar contratos vigentes.
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El caso de Villa Gesell se convirtió en uno de los episodios más representativos de esa pelea. El intendente Gustavo Barrera avanzó meses atrás con la municipalización parcial del servicio que prestaba la empresa Santa Elena con el argumento de reducir costos y ganar eficiencia. La decisión derivó en protestas sindicales, negociaciones con el Ministerio de Trabajo bonaerense y un acuerdo para garantizar la continuidad laboral de decenas de trabajadores afectados por el cambio de esquema.

La presión sobre las cuentas municipales también empuja a otros intendentes a revisar contratos. En La Plata, por ejemplo, la gestión de Julio Alak puso en marcha una municipalización parcial para reducir el peso del contrato con ESUR, en un contexto donde la recolección llegó a representar cerca de una cuarta parte del gasto operativo comunal. Distritos medianos y pequeños atraviesan situaciones similares, con servicios de basura que se llevan una parte cada vez mayor de los recursos disponibles.
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Pero el debate ya no gira solamente alrededor de los costos. El sistema de disposición final también quedó bajo la lupa por su impacto ambiental. Un informe internacional del proyecto STOP Methane, elaborado con monitoreo satelital de la Universidad de California (UCLA), ubicó al Complejo Ambiental Norte III del CEAMSE, en Campo de Mayo, entre los principales focos mundiales de emisión de metano durante 2025, un gas con fuerte incidencia en el calentamiento global.

El relevamiento alertó que las emisiones detectadas superaron las cinco toneladas por hora y encendió nuevas discusiones sobre la sustentabilidad del modelo actual de enterramiento de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Especialistas advierten que el crecimiento sostenido de basura urbana, combinado con sistemas limitados de reciclado y tratamiento, incrementa tanto los riesgos ambientales como los costos económicos de la gestión integral de residuos sólidos urbanos.
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En ese escenario también creció la influencia política de actores con peso propio dentro del sistema, como el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, integrante del directorio del CEAMSE y con llegada histórica al sindicalismo camionero. Con vínculos fluidos tanto con Axel Kicillof como con intendentes del Conurbano, Tapia se convirtió en una figura clave dentro de un entramado donde la basura ya dejó de ser sólo un servicio público para transformarse en una poderosa herramienta de negociación política, sindical y económica.