LU 17 19-06-2026 La administración de los servicios esenciales en el Valle Inferior del Río Chubut afronta una encrucijada financiera que condiciona de manera directa el valor final de las boletas residenciales. El costo de adquisición de la energía en el mercado mayorista nacional sufrió una escalada que pulverizó los esquemas de costos locales y obligó a una reingeniería de las cuentas internas de la prestataria. Esta presión sobre la caja operativa coincide con las semanas de cierre de la tutela dispuesta por la Justicia Federal, un proceso que busca devolver la conducción de la distribuidora eléctrica a los representantes de los sectores civiles de la comunidad trelewense.

La magnitud del desequilibrio tarifario quedó expuesta en el aire de #LA17 durante un diálogo con el contador Juan Manuel Alfonsín, encargado del proceso de normalización de la entidad de servicios. El funcionario judicial expuso el crecimiento exponencial de los pasivos corrientes al señalar que “cuando asumió esta nueva gestión a nivel nacional la factura de compra de energía de la cooperativa eléctrica de Trelew era de unos 300 millones de pesos la última fue de 1800, o sea, un 600 por ciento más”. Este incremento de base se trasladó de manera directa a los cuadros tarifarios internos manteniendo idéntico el margen de rentabilidad congelado desde noviembre de 2024.

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La percepción de los asociados respecto al encarecimiento del suministro eléctrico se encuentra distorsionada por la acumulación de diferentes conceptos ajenos al consumo de kilovatios puros dentro del mismo documento de cobro. Las boletas distribuidas mensualmente unifican las tasas y costos fijos de un entramado de prestaciones que sobrecargan el valor final que percibe el usuario hogareño en el mostrador de pagos. La estructura actual de facturación contempla de forma conjunta el costo de las redes de agua y cloaca, como sede, como alumbrado público y el servicio de sepelio, totalizando al menos cinco variables distintas bajo un mismo código de barras.

La incidencia impositiva nacional, provincial y municipal funciona como otro multiplicador que incrementa el descontento de la ciudadanía ante cada vencimiento mensual en las cajas de recaudación. El interventor explicó en #LA17 las dificultades pedagógicas para desglosar estos costos ante las consultas diarias en las oficinas comerciales, comparando el malestar social con el hábito de “pelearte con el cartero que te trae una factura cuando en realidad debes pelearte con quien mandó la factura”. Al deducir el Impuesto al Valor Agregado y dividir los montos por los cinco servicios reales, el costo neto de la luz experimenta una reducción matemática significativa.

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El cronograma de normalización institucional avanza de acuerdo a los plazos previstos en el estatuto interno de la entidad y las directivas impartidas por los veedores de la Justicia Federal y el Inaes. Las dependencias operativas de la distribuidora ya concretaron la puesta a disposición de los padrones societarios en formato físico en las oficinas centrales y de manera virtual a través de la aplicación digital. Las autoridades prevén oficializar el llamado formal a elecciones de delegados en el transcurso de los próximos días, abriendo el juego para que las diferentes agrupaciones de la localidad presenten sus listas de candidatos a las mesas de votación.

La fecha límite para el traspaso de la conducción de la cooperativa de servicios públicos quedó ratificada de forma definitiva para el cierre del bimestre invernal en curso. “Estamos trabajando y bastante fuerte todos los días para que a más tardar el 31 de julio ya la cooperativa esté en manos de las nuevas autoridades”, precisó Juan Manuel Alfonsín a través de los micrófonos de #LA17. El administrador judicial manifestó su intención de presentar un informe analítico final que refleje el estado patrimonial remanente, destacando que el objetivo prioritario del desplazamiento de la política partidaria es asegurar el correcto funcionamiento de las prestaciones esenciales.

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La reestructuración interna contempló la implementación de herramientas informáticas destinadas a erradicar el retraso administrativo y los manejos discrecionales de la información contable. Las auditorías del período de normalización detectaron que la distribuidora del valle operaba históricamente bajo condiciones tecnológicas rudimentarias que limitaban los controles cruzados de stock y de flujo de caja. La instalación actual de un sistema integral de gestión busca profesionalizar la organización interna y dotar a la estructura de canales estables de comunicación con los asociados, dejando atrás un esquema de funcionamiento calificado como precario por los propios técnicos.

La inserción de una nueva metodología corporativa generó resistencias iniciales en las diferentes jefaturas de división debido al cambio en las pautas de rendimiento diario requeridas al personal de planta. El responsable de la gestión judicial reconoció que la tarea más compleja del proceso de intervención no estuvo vinculada a los recortes financieros rudos, sino al desafío de “trasladar una cultura de trabajo diferente, un modo de hacer las cosas diferente”. Los reportes de gestión indican que las nuevas pautas operativas fueron asimiladas de manera paulatina por los cuadros técnicos, permitiendo sostener los servicios básicos sin sobreejecuciones presupuestarias.

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Las relaciones con el Sindicato de Luz y Fuerza se mantuvieron dentro de carriles de previsibilidad institucional y negociación paritaria continua durante el período de excepcionalidad administrativa. Los delegados gremiales preservaron sus reclamos sectoriales bajo un esquema de mesas de diálogo que evitó la paralización de las cuadrillas de guardia y mantenimiento de líneas de alta tensión. La patronal provisional remarcó la ausencia de conflictos laborales de magnitud en los talleres de Trelew, atribuyendo la paz social a una política de respeto mutuo asentada sobre la premisa de que los plazos de la intervención concluyen de forma inminente.

El futuro financiero de la distribuidora eléctrica del valle ingresará en una fase de incertidumbre operativa debido a las proyecciones de incremento en los precios de la energía mayorista estacional para los meses de frío. La falta de actualizaciones sistemáticas en la tarifa local limita la capacidad de acumulación de reservas técnicas para afrontar eventuales recambios de transformadores o ampliaciones de las redes de distribución urbana. Las nuevas autoridades elegidas por el voto de los delegados barriales deberán asumir la conducción de una empresa social saneada administrativamente, pero condicionada por la política energética dispuesta por los despachos de la Secretaría de Energía nacional.