Diario Junio 19-06-2026 Las concejalas del bloque justicialista de Concordia, Carolina Amiano y Claudia Villalba, presentaron este jueves una nota ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos solicitando la intervención del organismo de control en relación con la contratación y concesión del servicio de recolección de residuos a la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. La presentación fue realizada luego de que las ediles tomaran conocimiento de la denuncia penal formulada la semana pasada por el abogado Mariano Giampaolo, quien solicitó a la Justicia que investigue la posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública en el marco del contrato celebrado entre la Municipalidad de Concordia y la empresa prestadora.

18 junio, 2026

3:02 pm
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A partir de la presentación realizada por Giampaolo y de la documentación incorporada a la causa, Amiano y Villalba consideraron necesario que también intervenga el Tribunal de Cuentas, en su carácter de órgano de control externo de la hacienda pública municipal.

Ante la magnitud económica de la contratación —más de 3.000 millones de pesos anuales de recursos municipales—, las concejalas solicitaron la actuación inmediata del organismo para analizar la legalidad de lo actuado y determinar si existen riesgos o eventuales perjuicios para el patrimonio público.

Las concejales también recordaron que el bloque justicialista presentó un pedido de informes y también se hizo un pedido de acceso a la información pública, dos acciones diferentes, una regulada por el concejo deliberante y la otra por una ley nacional, exigiendo transparencia sobre la contratación directa de la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. para la recolección de residuos tras declararse la emergencia ambiental. Los cuales nunca fueron contestados.

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En la presentación también sostienen que la existencia de una investigación judicial no excluye la necesidad de que funcionen los mecanismos administrativos de control. Por el contrario, entienden que corresponde adoptar medidas preventivas mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.

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El pedido incluye que el Tribunal de Cuentas evalúe de manera independiente la legalidad del procedimiento administrativo utilizado, la razonabilidad económica del contrato, la existencia de previsión y disponibilidad presupuestaria, los informes técnicos y jurídicos que respaldaron las decisiones adoptadas y el eventual impacto patrimonial para el municipio.

Amiano y Villalba afirmaron además que la situación excede una discusión política, dado que involucra recursos públicos y la prestación de un servicio esencial para la ciudad. Por ese motivo, reclamaron que el organismo requiera toda la documentación vinculada al expediente, audite el procedimiento y determine si existieron irregularidades administrativas, contables, presupuestarias o patrimoniales.