LU 17 11-09-2026 El Gobierno nacional mantiene su expectativa de obtener unos US$ 500 millones por la privatización del 90 por ciento de AySA, que contempla una concesión de servicios por 30 años. Este objetivo se sostiene a pesar de la medida judicial que frenó el nuevo contrato de la empresa en mayo.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar que limita la posibilidad de modificar las obligaciones de la empresa. La resolución judicial suspendió temporalmente la aplicación del nuevo contrato de concesión, el cual había sido firmado en mayo.

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Además, la Cámara determinó que el expediente judicial debe tramitarse ante la Justicia federal, dado que el Estado nacional posee el 90 por ciento de AySA. Esta decisión desplaza la discusión del ámbito bonaerense hacia los tribunales federales, modificando el escenario de la causa.

Desde AySA remarcaron que «la medida no suspende el proceso de privatización», ya que la cautelar tiene un alcance específico. La empresa sostiene que la Justicia bonaerense no tiene competencia para intervenir sobre la venta de la participación estatal.

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El punto que quedó frenado temporalmente es la aplicación del nuevo contrato de concesión correspondiente a mayo, para impedir cambios en las obligaciones de la empresa mientras continúa la discusión. Sin embargo, esta medida no bloquea el objetivo oficial de avanzar con la privatización.

El proyecto oficial de venta del 90 por ciento de AySA apunta a obtener alrededor de US$ 500 millones por la operación. La iniciativa incluye una concesión por 30 años para la prestación de los servicios de agua y saneamiento.

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La empresa AySA abastece a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, concentrando una de las mayores redes de provisión de agua y saneamiento del país. Por esta razón, cualquier cambio en las condiciones de la concesión impacta de manera directa sobre una numerosa población.